El Banco de España ha abierto expediente informativo a los tres últimos consejos de administración de Cajasur por incurrir en una excesiva concentración de riesgos -sobre todo en el ladrillo- y por oponerse a la fusión con Unicaja, que derivó en la intervención del organismo regulador el pasado 22 de mayo.
Según informaron fuentes financieras, los miembros del consejo presidido por el canónigo Juan Moreno -entre 2005 y 2006- y por Santiago Gómez Sierra -desde 2006 hasta la intervención del Banco de España- recibieron ayer la notificación de la apertura por parte del regulador de expedientes informativos que tienen como objetivo depurar responsabilidades.
La iniciativa emprendida por el órgano supervisor llega justo después de que el pasado sábado el presidente andaluz, José Antonio Griñán, criticara abiertamente que el Banco de España no fuera más contundente con los directivos de Cajasur cuando éstos rechazaron unirse a Unicaja, su única tabla de salvamento y avalada por el propio regulador, en un movimiento que no hubiese costado un euro al erario público. Y es que los 900 millones solicitados por la malagueña tenían como procedencia el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), colchón que aportan cajas y bancos.
Así pues, el que fuera presidente de la entidad cordobesa entre 1997 y 2005, el sacerdote Miguel Castillejo se queda fuera aunque sí están afectados algunos de sus cargos, como el que fue su sustituto, Juan Moreno, o los también canónigos Juan Arias o Mario Iceta, actual obispo auxiliar de Bilbao.
De este modo, el primero de los expedientes se abre para los miembros del consejo de administración que heredó Juan Moreno de su antecesor Miguel Castillejo -que anunció su renuncia en junio de 2005-, mientras que el segundo se dirige al consejo ya renovado en noviembre de ese año, también con Juan Moreno.
En este caso, el supervisor explica que la apertura obedece al exceso de concentración de riesgos en el que habría incurrido la caja en operaciones "no muy claras" -sobre todo vinculadas con el sector de la promoción inmobiliaria- y por incumplir algunos de sus requerimientos.
Además, el organismo regulador ha abierto otro expediente al consejo que presidió Santiago Gómez Sierra por incumplir el propio acuerdo que adoptó ante el supervisor para fusionarse con Unicaja y que derivó el pasado 22 de mayo en su intervención. En buena medida, la unión con la malagueña fue la solución planteada para reconducir los problemas que la caja cordobesa mantenía por sus operaciones con el ladrillo, que tanto mermaron sus balances.
Este consejo, que se celebró en la víspera, el 21 de mayo, votó finalmente en contra de la operación de fusión con Unicaja tras diez meses de negociaciones, una directriz que había sido marcada por el órgano regulador para salvar a la cordobesa.
A partir de ahora, se abre un periodo de alegaciones de 20 días para que cada uno de los consejeros comunique aquello que considere oportuno para evitar sanciones que, de momento, no han sido mencionadas por el Banco de España.
El secretario general del PSOE en Córdoba, Juan Pablo Durán, confió ayer en que el expediente abierto al último consejo de administración, del que él formó parte, permita que se puedan "depurar las responsabilidades" de quienes votaron contra la fusión con Unicaja, esto es, "los representantes del Cabildo de Córdoba, con el obispo a la cabeza, Aspromonte y cuatro impositores" (de cinco). Por contra, apoyaron la unión el resto de representantes de la Diputación, la Junta y los ayuntamientos.
Mientras tanto, una delegación de directivos de la BBK, encabezada por su director general Ignacio Sánchez-Asiaín, se desplazó ayer a Córdoba, donde ha iniciado una ronda de contactos "informales", que se prolongará durante los próximos días.
BBK admite que sobra plantilla
Mario Fernández, presidente de la caja vasca BBK, nueva propietaria de Cajasur, admitió ayer a los representantes sindicales que hay un "importante excedente de plantilla", cuya reducción prevé acometer en dos fases. Así, según informó la sección sindical de CCOO en una nota, el reajuste se realizará mediante prejubilaciones, reducciones de jornada, bajas voluntarias y rescisiones de contrato. Un plan para el que se buscará el acuerdo con los representantes sindicales de Cajasur.
El sindicato señaló que desde el seno de la BBK les ha llegado información acerca de una posible reducción de 900 empleos y el cierre de un centenar de oficinas, si bien ayer el presidente de la entidad no concretó ninguna cifra.
Además, Fernández reseñó que todas las oficinas de Andalucía -incluidas las 31 de la caja vasca- trabajarán bajo la marca Banco Cajasur, del grupo BBK, mientras que las de fuera de la comunidad lo harán bajo la marca BBK. Los trabajadores de BBK en la región mantendrán sus condiciones laborales y seguirán bajo el actual convenio de la vasca, mientras que el resto se quedará como plantilla del nuevo banco.
Sobre las fechas, el directivo precisó que será entre septiembre y octubre cuando se obtendrán todas las autorizaciones pertinentes -Banco de España, Comisión Nacional de la Competencia, Comisión Europea, asamblea de Cajasur, entre otras- y confía en dar por concluido el proceso antes de que acabe el año.
Respecto al domicilio social del nuevo banco, explicó que "no hay ninguna duda" de que estará en Bilbao, al igual que en cualquier futura operación.
