Manuel Domínguez Platas y Fernando Casas, presidente y vicepresidente del Betis, respectivamente / José Luis Montero
A punto de dar a conocer el nombre del director general, cosa que posiblemente ocurra este viernes, y a punto de experimentar cambios con la entrada de como mínimo dos nuevos componentes y la salida de varios de los que permanecen desde 2010, el consejo de administración del Betis continúa trabajando en otros frentes para tratar de que el tránsito por Segunda División sea lo más breve posible. La forma más adecuada es confeccionar la mejor plantilla. Para eso hace falta ojo clínico y, por supuesto, dinero. En la búsqueda de paliar el desastre económico que es el descenso anda enfrascada la clase dirigente de Heliópolis, que a lo largo de esta semana y la próxima puede apalabrar entre 15 y 17 millones de euros procedentes del G-35 y la Liga de Fútbol Profesional (LFP).
La principal partida procede del G-35, formado por todos los equipos de Primera y Segunda excepto siete, que compensa a los que pierden la categoría con una cantidad que oscila entre 7 y 15,5 millones de euros. Los tres descendidos se encuentran ahora en plena negociación con sus compañeros de grupo para tratar de obtener el mayor pedazo de tarta posible. La próxima semana decidirá la Comisión de Control del G-35, formada por doce miembros y con representación del Betis. El club verdiblanco confía en obtener entre 12 y 14 millones de euros por esta vía, casi nada.
La cantidad es variable y depende de factores como los presupuestos, los derechos de televisión o los años que ha estado en Primera. El Betis sale muy beneficiado de los dos primeros, especialmente de su contrato televisivo, que en Primera le estaba garantizando entre 28 y 29 millones de euros por temporada, pero lo perjudica el tercero, ya que viene de permanecer sólo tres años seguidos en la máxima categoría. Eso lo penaliza. A falta de negociar, el Betis es consciente de que su tope está en 14 millones. Esa cantidad no se cobra íntegra, sino en dos años. Este verano es el 67%, y el año que viene, el 33% restante.
La menor de esas partidas es la que debe librar la LFP. Se trata de 3 millones que cobran los recién descendidos. Es una compensación incluida en el reglamento general del organismo. El Betis tiene diez días hábiles a partir del descenso, es decir, hasta finales de la próxima semana, para solicitar este dinero a la Liga. En estos momentos, los empleados verdiblancos están reuniendo toda la documentación requerida, que básicamente son los balances auditados. El pago de estos 3 millones, que se deben devolver en caso de ascenso la próxima temporada, se realiza siempre que los clubes estén al corriente de sus obligaciones con sus acreedores. En el caso del Betis, el cumplimiento del convenio es modélico.
En total, la entidad de Heliópolis podría comenzar la temporada con una importante liquidez. Menos da una piedra, lógicamente. No se puede obviar que, sólo en derechos televisivos, el Betis habría ingresado 30 millones la próxima temporada, mientras que en Segunda difícilmente llegará a 3. Y habrá que ver cómo se desarrolla la campaña de abonos, aunque el club ha previsto importantes pérdidas respecto a un año en Primera.
