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El Betis se persona en la causa abierta contra Lopera

La entidad se persona en la causa 'ad cautelam' y tras recibir del propio juzgado, cuya titular es Mercedes Alaya, un ofrecimiento de acciones al considerarla como perjudicada.

el 12 ene 2012 / 22:11 h.

Lopera sale de los juzgados.

El consejo de administración del Real Betis decidió, a instancias de los servicios jurídicos heliopolitanos, personarse en la causa abierta por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla contra el exconsejero delegado Manuel Ruiz de Lopera por presunto delito societario y apropiación indebida. 

El procurador Mauricio Gordillo fue el encargado de escribir el documento con el que, con fecha de 16 de diciembre de 2011, la entidad se personaba en la causa ad cautelam y tras recibir del propio juzgado, cuya titular es Mercedes Alaya, un ofrecimiento de acciones al considerarla como perjudicada por las maniobras presuntamente constitutivas de delito que habían cometido las sociedades gestionadas por el empresario de El Fontanal, Tegasa o Encadesa, durante su mandato.

El Juzgado de Instrucción recibió la petición de personación del Real Betis el pasado 16 de diciembre. El órgano judicial notificó a las asociaciones personadas, Liga de Juristas Béticos (LJB), Por Nuestro Betis (PNB) y Béticos por el Villamarín (BXV), la entrada de la documentación el pasado 10 de enero.

En el capítulo estrictamente jurídico, la decisión del Betis no originará, al menos de momento, ninguna novedad en el caso. Los servicios jurídicos heliopolitanos se han personado tras recibir del propio juzgado el ofrecimiento de acciones y después de haber sido informados de que la propia entidad podría haber sido perjudicada durante el período investigado en la fase de instrucción.

Desde la petición de personación surge un nuevo escenario en el proceso judicial. El Real Betis se garantiza con su procedimiento ser informado de todas cuantas acciones se registren desde el Juzgado de Instrucción número 6. En términos jurídicos, los abogados de la entidad del Benito Villamarín podrán, al requerir toda la información, pedir nuevas responsabilidades a Manuel Ruiz de Lopera y sus colaboradores, presentar alegaciones al caso o, incluso, unirse a la acusación de las plataformas opositoras, que inauguraron la batalla en los juzgados en 2008.

Fuentes del consejo de administración consultadas por El Correo de Andalucía consideran lógica y procedente la decisión que han adoptado los servicios jurídicos, ya que, sostienen, procederán a actuar en el caso de que existan datos objetivos de que el propio Betis ha sido perjudicado.

Las plataformas opositoras personadas en el caso se han congratulado de la decisión del club, ya que, argumentan, podría suponer la apertura de nuevas vías en la causa. El portavoz de la Liga de Juristas, el abogado Adolfo Cuéllar, señaló a este diario que la decisión de los servicios jurídicos de la entidad "no cambiará absolutamente nada, al menos por ahora". "El caso seguirá su transcurso como hasta la fecha. Lo que sucede es que el Betis estará puntualmente informado de todo no por las plataformas personadas, sino a través del propio juzgado", expuso.

Impugnación

Otro de los asuntos que adquirió notoriedad antes de clausurar 2011 fue la decisión del anterior consejo de administración de impugnar la Junta de Accionistas del pasado 22 de diciembre, noticia que anticipó El Correo en su edición del 24 de diciembre.

Según ha podido saber este diario, los exconsejeros y abogados Jaime Rodríguez Sacristán y Manuel Castaño, a los que se ha unido Ángel Vergara, excolaborador de Luis Oliver, ya ultiman la documentación necesaria para la impugnación. Según la normativa, el plazo máximo que debe transcurrir para que se pueda proceder a la impugnación es de 40 días entre la celebración de la Junta -el 22 de diciembre de 2011- y la petición de invalidez de los acuerdos adoptados.

Además, y según fuentes consultadas por esta redacción, el acta de la junta del 22- D aún no ha sido publicada en el BORME -Boletín Oficial del Registro Mercantil-, requisito indispensable para que los exconsejeros procedan a la petición de derogación e invalidez de los acuerdos que, según la normativa, deben ser inscritos para conocimiento público.

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