La Justicia se encargó de meter entre rejas a los culpables del escándalo de Gescartera. La Audiencia Nacional condenó al dueño de la agencia de valores, Antonio Camacho, a 11 años de prisión, a la vez que apuntó a La Caixa y Caja Madrid Bolsa como responsables civiles subsidiarios del fraude.
Camacho, que ingresó en prisión ayer mismo, tendrá que enfrentarse a ocho años de cárcel por el delito de apropiación indebida y tres años más por falsedad documental, según la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal.
El tribunal condenó a otras ocho personas, a las que impuso un total de 52 años de cárcel y absolvió a otro seis, entre ellos la mujer de Antonio Camacho y la antigua empleada de la agencia de valores, Laura García-Morey.
El tribunal consideró que los condenados despatrimonializaron la sociedad con el desvío de fondos de sus clientes. Los jueces acusaron a los condenados "colaboraron al mostrar una situación normal que en realidad era fachada a cuya sombra se llevó a efecto una premeditada maniobra de desapoderamiento de capitales invertidos por los clientes".
Los cabecillas de este entramado eran Camacho, el número 2 de la agencia, José María Ruiz de la Serna -diez años y medio de cárcel-, y el subdirector general de Gescartera, Francisco Javier Sierra de la Flor (seis años y medio).
El asesor fiscal de Sierra de la Flor, Julio Rodríguez, también fue condenado a seis años por un delito continuado de apropiación indebida, mientras que Aníbal Sardón, dueño de Asesoría y Gestión de Patrimonios (AGP), sociedad vinculada a la agencia de valores, fue condenado a 9 años.
Una de las más afectadas fue la ex presidenta de la sociedad, Pilar Giménez Reyna, condenada a tres años y seis meses por complicidad en un delito de apropia- ción indebida. Giménez-Reyna, para la que la Ficalía solicitó ocho años, podría tener que entrar en prisión, donde pasó cinco meses, si se confirma la pena. Por su parte, los empleados de La Caixa José Alfonso Castro Mayoral y Miguel Carlos Prats, también fueron condenados a tres años de prisión por complicidad.
Sentencia cara. La Audiencia Nacional también declaró a Caja Madrid Bolsa y La Caixa como responsables civiles subsidiarios del agujero patrimonial y de los perjuicios a clientes, valorados en 88 millones de euros. A esa cantidad se añadirá el interes legal devengado desde la fecha de intervención de la agencia (2001).
Este punto es histórico, ya que no hay constancia en España de fallos que atribuyan una responsabilidad civil subsidiaria tan alta a entidades privadas. La anterior data de 2001. UGT debía pagar 78,13 millones, pero el fallo fue revocado por el Tribunal Supremo.
