El Gobierno de la Nación comunicó a la Junta las "discrepancias" que mantiene en relación con la constitucionalidad de seis artículos de la Ley de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía, aprobada por el Parlamento el pasado mes de diciembre.
El Ejecutivo central trasladó a la Junta esta posición el pasado 11 de marzo durante una reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, en la que se acordó "iniciar negociaciones para resolver" las discrepancias.
El acuerdo, que debe comunicarse al Constitucional antes del 28 de marzo, incluye la designación de un grupo de trabajo que debe proponer "la solución que proceda" a la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación.
Las "discrepancias" del Ejecutivo central con la nueva Ley de Puertos de Andalucía se centran en los artículos 1.3, 4.b, 16.2, 16.3, 20.3, 37 y en el apartado segundo de la disposición adicional cuarta.
Este último apartado contempla que la Junta integre en el sistema portuario de Andalucía la gestión de instalaciones pesqueras y náutico-deportivas de los puertos de interés general cuando no sean gestionadas directamente por el Estado.
El presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Cano Bueso, consideró que los Estatutos de Cataluña y Andalucía son el "preludio" de la reforma constitucional que "necesita" el país y que generará "conflictos constitucionales de no fácil resolución" si no se acuerda, aunque espera que las fuerzas políticas logren un consenso.
