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El CGPJ ampara a la juez Alaya tras las declaraciones de Guerra

el 10 nov 2011 / 12:54 h.

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La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial  (CGPJ) ha emitido una nota de apoyo a la juez de Instrucción número 6  de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga la supuesta "trama" de  prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de  regulación de empleo (ERE), tras las declaraciones del candidato del  PSOE al Congreso por Sevilla, Alfonso Guerra, que señaló que existe  una " fuerte" relación personal entre ésta y el alcalde sevillano,  Juan Ignacio Zoido .

La Comisión Permanente, integrada por su presidente y los vocales  Margarita Robles, Manuel Almenar y Almudena Lastra, ha acordado que  la discrepancia con las resoluciones judiciales se debe expresar "a  través de los cauces procesales legalmente previstos" y que la  crítica de esas resoluciones "no sólo es admisible sino natural y  necesaria en un Estado de Derecho". Sin embargo, consideran que  "nunca puede trascender esta actitud del comentario crítico  jurídico".

Así las cosas, manifiestan que "no resultan de recibo" las  referencias que "invaden la esfera personal" a través de  "descalificaciones -veladas o explícitas- que atentan contra el  respeto que merece la dignidad personal constitucionalmente  garantizada".

Además, la Comisión Permanente considera que el rechazo a las  declaraciones debe ser "mayor" aún cuando, como en este caso,  "contienen insinuaciones claramente vejatorias por la condición de  mujer" de la magistrada aludida.

El acuerdo en apoyo de Alaya cuenta con un voto particular en su  contra, el de la vocal Almudena Lastra, que considera que no es  procedente que la Comisión Permanente entre a valorar el contenido o  la intención de unas declaraciones vertidas por un candidato  electoral en el transcurso de un acto de campaña.

Además, insiste en que ante tales circunstancias procede aún menos  expresar un rechazo cuando, no se dan, además, los requisitos  establecidos en el artículo 14 de la L.O.P.J., que hace referencia a  que, en caso de haberse sentido perturbada o inquietada en su  independencia debería de haber sido la propia Alaya la que lo pusiera  en conocimiento del CGPJ.

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