Los jueces vuelven a chocar con el Gobierno, ahora a cuenta de la reforma del Código Penal y la libertad vigilada. El CGPJ aprobó ayer un informe "muy crítico" sobre esta reforma dado que el control de hasta 20 años para violadores, pederastas y terroristas tiene una "difícil justificación".
Así lo anunció la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, tras la reunión del Pleno en la que se ratificó dicho informe, preceptivo pero no vinculante, aprobado la semana pasada por la Comisión de Estudios del Consejo y que cuestiona buena parte del anteproyecto aprobado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero.
Éste, que recibió el visto bueno del Consejo de Ministros el pasado 14 de noviembre de 2008, está considero como uno de los proyectos estrella del Ministerio de Justicia para dar respuesta a las demandas sociales de mayor dureza en todos los niveles contra la delincuencia y el terrorismo. Y cobró todavía más fuerza tras los casos de la muerte de la niña onubense Mari Luz y la puesta en libertad del etarra De Juana Chaos.
Según Bravo, aunque en el derecho comparado se prevé la posibilidad de la libertad vigilada, esa medida es de "difícil justificación" en nuestros sistema, y su aplicación presenta dificultades para conciliarla con el régimen de tercer grado penitenciario o con la libertad condicional. El informe del CGPJ argumenta que esta medida establece un sistema restrictivo de derechos y critica que se base como presupuesto en una responsabilidad dilatada en el tiempo, ya que la libertad vigilada se aplicaría a los delincuentes reincidentes una vez cumplida la pena.
Otra de las críticas del informe se refiere al tratamiento previsto para los delitos contra la libertad sexual, la prostitución y la corrupción de menores, en los que se prevé un aumento de las condenas, las cuales según el CGPJ no son acordes con el principio de proporcionalidad. En concreto, se cuestiona que la violación de un menor de trece años se castigue con penas de entre 12 y 15 años de prisión y el homicidio de un menor de 13 años, con entre 10 y 15 años de cárcel.
Bravo indicó que, aunque los delitos contra la libertad sexual de los menores son muy graves, las condenas previstas, en comparación con las de los delitos contra la vida, no son acordes con el respeto a la proporcionalidad de las penas.
Además, el Poder Judicial propone que los delitos penales se consideren supuestos agravados cuando afecten a menores de trece años, incluida esa edad.
Por el contrario, el informe del CGPJ sí informa de forma favorable sobre la "imprescriptibilidad" de los delitos de terrorismo, ya que entiende que, según la doctrina del Tribunal Constitucional, es una opción de política criminal por la que puede optar el legislador. En este punto, no obstante, ha presentado un voto particular la vocal Margarita Uría, nombrada a propuesta del PNV.
El CGPJ también censura la ampliación del plazo de prescripción para delitos contra la Hacienda Pública ya que considera que no es una medida proporcionada con la entidad de los delitos. Para la portavoz del Consejo "aumentar el plazo de prescripción perjudicaría al sistema económico de nuestro país porque a las empresas las dejaríamos en un limbo de inseguridad jurídica".
