Más transparencia y más información para el ciudadano sobre el planeamiento urbanístico de su ciudad. En definitiva, claridad para conocer cuál es ahora o en el futuro el destino de un suelo, con menos trámites y la mitad de rodeos administrativos. Bajo estas premisas el Consejo de Gobierno inició ayer la tramitación del anteproyecto de Ley para la adaptación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) al texto refundido de la Ley de Suelo estatal. La futura norma supondrá una agilización de las actuaciones urbanísticas y mayor reconocimiento de los derechos de los ciudadanos.
La consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz, explicó en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que esta adecuación reforzará los principios de participación pública, transparencia y publicidad en los procedimientos de elaboración, tramitación y aprobación de los planes urbanísticos.
Se exigirá a los ayuntamientos que al exponer públicamente sus planes generales de ordenación urbana incluyan un resumen ejecutivo. Este informe, consistente en una síntesis, pretende hacer más comprensible las directrices sobre el crecimiento urbanístico previsto.
La administración autonómica podrá, además, habilitar una especie órgano colegiado que actuará como ventanilla única ante los ayuntamientos para la solicitud de los informes sectoriales de carácter vinculante que han de emitir las diferentes consejerías de la Junta en la tramitación del planeamiento urbanístico. Hasta ahora, la petición de esos informes se cursaba por separado en cada una de las consejerías. Esto permitirá agilizar la tramitación y acortar los plazos de respuesta de la administración autonómica a los municipios.
De igual modo, se amplía el derecho de consulta de los particulares, de modo que cualquier persona pueda preguntar a la administración local o autonómica sobre las características y condiciones urbanísticas de cualquier suelo. Las administraciones deberán dar una respuesta en el plazo de tres meses.
Otra medida de agilización se refiere a la cesión de suelos para equipamientos y dotaciones que deben realizar los promotores en favor de los ayuntamientos. El anteproyecto permite, excepcionalmente, sustituir esa entrega por una cuantía económica equivalente a su valor, cuando el terreno no tenga unas dimensiones mínimas exigibles. En estos supuestos, el municipio deberá crear un depósito específico que se destinará exclusivamente a obtener suelo para nuevas dotaciones compensatorias.
La ley estatal no altera lo ya dispuesto por la LOUA y se mantiene la obligación de realizar una reserva del 30% de suelo residencial para VPO en cada planeamiento urbano. Se deberá tener en cuenta el perfil de los demandantes de VPO conforme a la ley de vivienda.
