El comité de empresa de la sociedad mixta Mercasevilla, participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa, se ha reunido en el Consistorio con el subdirector, Carlos Recio, y representantes del Gobierno local para debatir la "dinamización" laboral de la empresa, encuentro celebrado en el marco del diálogo iniciado por el primer teniente de alcalde y vicepresidente de la empresa, Antonio Rodrigo Torrijos (IU-CA), con todos los sectores de esta compañía sometida a una investigación judicial y con dificultades económicas.
El presidente del comité de empresa, Rafael Domínguez (CCOO), informó a Europa Press de que, en concreto, los sindicalistas, Carlos Recio y Juana Martínez en nombre del Gobierno municipal debatieron aspectos "técnicos" de la sociedad mixta, que funcionó durante 2009 con una prórroga del convenio colectivo de 2008. En ese sentido, explicó que todas las partes coincidieron en la necesidad de "dinamizar" la vida laboral de la compañía, por lo que debe resolverse si "prorrogar nuevamente" el convenio colectivo de 2008 o abrir la negociación de un nuevo texto.
Se trata, asó, del primer encuentro sectorial celebrado después de que el pasado 8 de febrero el primer teniente de alcalde y vicepresidente de la sociedad mixta se reuniera con el comité de empresa y los gremios al objeto de aunar fuerzas en la salvación de la compañía.
INVESTIGACION Y PERDIDAS
El Juzgado de Instrucción número seis, de hecho, investiga tanto el supuesto intento de cobro de comisiones ilegales protagonizado por los ex directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce, como las irregularidades del concurso público mediante el que se adjudicó a Sanma --filial del grupo Sando-- los derechos de opción de compra de los suelos del antiguo mercado central pese a que el grupo Noga concurría con una oferta superior.
Entretanto, una auditoría externa elaborada por la consultora 'Deloitte' ha revelado un déficit asegurado de al menos 2,5 millones de euros y pasivos financieros que podrían elevarse hasta los once millones de euros como consecuencia de la gestión desplegada por Mellet y Ponce. Sobre la empresa, en ese sentido, pesa un "pasivo" de más de nueve millones de euros como consecuencia de la financiación de las prejubilaciones implicadas en el expediente de regulación de empleo (ERE) de 2007, dado que la Consejería de Empleo se desvincula de tal documento al ser aludida en la documentación pero no figurar firma alguna.
