La Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación fue aprobada ayer en la Comisión parlamentaria del ramo, tras casi dos años en proceso de redacción, consultas y tramitación, con el apoyo de PSOE, PP, ERC, CiU, PNV y Grupo Mixto, y sin el apoyo de IU-ICV, que decidió descolgarse a última hora en el respaldo a la ley. La norma tampoco cuenta con el respaldo de las sociedades científicas, universidades y sindicatos.
Concretamente, el proyecto de ley salió adelante en el seno de la propia Comisión de Ciencia e Innovación, que cuenta con competencia legislativa plena, y que la envía directamente al Senado, sin pasar por el pleno de la Cámara Baja. Su entrada en vigor se prevé para primavera, presumiblemente entre abril y mayo.
Esta normativa sustituye a la vigente desde 1986, que precisaba en opinión de los expertos, de un reconocimiento a la nueva realidad administrativa española por comunidades autónomas, que dicha ley no contemplaba y, entre otros avances, reconoce a la innovación dentro del sistema español de gobernanza.
La Ciencia española contará con una agencia de financiación antes de que finalice esta legislatura. Para ello, la Ley de la Ciencia crea dos agencias de financiación para el nuevo Sistema de I+D+i español: la Agencia Estatal de Investigación, para la financiación de la I+D en España, y por otro lado se reconoce al Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial o CDTI, adjunto actualmente al Ministerio de Ciencia e Innovación, como agencia para la financiación de la Innovación. Esta agencia ha supuesto uno de los principales puntos de desacuerdo.
En cuanto a la carrera de los investigadores, se eliminan las escalas científicas propias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que pasan a ser de los Organismos Públicos de Investigación, y se suprimen las becas en el sistema 2+2 en contratos de cuatro años. De esta manera, las modalidades de contrato específicas que se establecen en sistema son: un contrato predoctoral, con el que se suprimen los becarios-precarios del sistema público y concertado de la I+D+i, que será prorrogable por periodos anuales; un segundo contrato de acceso cuyo objetivo será la consolidación de los investigadores; además de un contrato de investigador distinguido, para que se pueda atraer talento.
