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El Congreso convalida la reforma financiera con los votos de PP, CC y UPN

el 31 may 2012 / 14:28 h.

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El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves  el decreto ley de saneamiento y venta de activos inmobiliarios del  sector financiero con el apoyo del PP, UPN y de Coalición Canaria, y  las abstenciones de CiU y PSOE, que sí habían respaldado la última  reforma y que ahora esperan poder introducir cambios durante la  tramitación de la norma como proyecto de ley.

Así, frente a los 303 diputados del PP, PSOE y CiU que en febrero  votaron a favor de la reforma del sistema financiero , hoy el respaldo  al decreto se ha quedado en 178 parlamentarios, con el rechazo de los  28 representantes de UPyD, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y la  izquierda minoritaria, además del PNV, que hace tres meses se abstuvo  en este punto.

Las principales críticas de la oposición se han centrado en la  falta de negociación del decreto por parte del Gobierno, así como por  la inyección de más dinero público en las entidades financieras  mientras se aplican recortes en las partidas presupuestarias de  gasto. La exigencia de depuración de responsabilidades,  particularmente en el caso Bankia, también ha estado muy presente en  el debate.

Así las cosas, los 'populares' han sacado adelante esta nueva  reforma --la cuarta en dos años-- con la que pretende elevar las  provisiones de los activos bancarios (incluidos los que actualmente  están sanos) así como separar la cartera inmobiliaria en agencias  independientes en las entidades en las que ha intervenido el FROB. La  medida incluye asimismo la elaboración de una auditoría por parte de  expertos independientes del conjunto del sector y de cada entidad en  particular.

CAMBIOS EN LA TRAMITACION

Tras la aprobación del decreto, la Cámara baja ha decidido por  unanimidad tramitarlo como proyecto de ley, por lo que los grupos  tendrán ahora la posibilidad de introducir cambios para mejorar el  texto.

En este sentido, el PSOE ya ha pedido que se eviten las  indemnizaciones a directivos de entidades intervenidas y que las  nacionalizaciones no cuesten "ni un euro" a los ciudadanos,  modificando la normativa que obliga al Estado a vender sus  participaciones en las entidades intervenidas en un plazo máximo de  tres años.

También exigen que no se creen bancos malos ni se aporte dinero  público para sanear los activos tóxicos, así como que se promuevan  programas para reestructurar la deuda de las familias y dar una  solución a las participaciones preferentes. El ministro de Economía,  Luis de Guindos, ha mostrado su coincidencia con estas peticiones y  se ha comprometido a negociar su inclusión en el texto definitivo.

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