El Pleno del Congreso aprobó por mayoría el real decreto-ley que regula la conducción temporal de agua de Barcelona, una medida "excepcional y urgente" que garantizará el abastecimiento de agua a esta provincia. Lo que se ha acabado denominando minitrasvase del Ebro está llamado a atajar la sequía más grave en la comunidad desde que se tienen registros.
El real decreto-ley salió adelante con 318 votos favorables, uno en contra (Gaspar Llamazares) y 16 abstenciones (10 de CiU, 2 de ERC, 3 del Grupo Mixto, y uno de la diputada del PP por Zaragoza, Luisa Fernanda Rudí). Además, pese a la petición del PP (fue rechazada por 169 votos), la norma no se tramitará como proyecto de ley.
En defensa de la norma, la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, recordó que las reservas hidráulicas de Cataluña están en el 23% de su capacidad -la media nacional es del 50%-, lo que "podría obligar a imponer restricciones al consumo doméstico a corto plazo". Explicó que, pese a que la población ha racionado el uso del agua, el área metropolitana de Barcelona necesita 19 hectómetros cúbicos al mes y actualmente el caudal del Ebro sólo garantiza 15 hectómetros cúbicos. Es decir, que hasta que no comience a funcionar la desalinizadora del Prat (en junio de 2009), la provincia de Barcelona tendrá un déficit de agua de 3,9 hectómetros.
Aragón. En estas circunstancias, el presidente del Gobierno de Aragón, el socialista Marcelino Iglesias, que se ha manifestado en repetidas ocasiones contrario al trasvase del Ebro, volvió ayer a afirmar que la ampliación del minitrasvase del Ebro a Barcelona "no es un nuevo trasvase". "No se detrae ni un solo litro más de agua de los que ya están concedidos desde hace 27 años" a Tarragona, alegó en las Cortes autonómicas.
Durante la sesión, los grupos del PP y de Chunta Aragonesista le pidieron "que se vaya a casa" por "coherencia política" y respeto a los aragoneses, mientras que IU le reclamó que presente un recurso de inconstitucionalidad al decreto ley.
