El Congreso dio un paso adelante para aprobar una ley de plazos del aborto, después de que la comisión de Igualdad del Congreso aprobara la propuesta para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo planteada en el informe elaborado por la subcomisión.
La propuesta salió adelante con los 20 votos a favor de PSOE, BNG, ERC, IU e ICV, 16 en contra del PP y la abstención de CiU y PNV.
El informe ahora se trasladará al Gobierno para la elaboración de un proyecto de ley del aborto que tendrá en cuenta las recomendaciones de la comisión de expertos convocada por el Ministerio de Igualdad.
Las nuevas condiciones para abortar se incluirán en el marco general de una norma sobre derechos y salud sexual y reproductiva en el ámbito de la Salud Pública, con "la consiguiente derogación del delito de aborto del Código Penal". Así, se establecerá un periodo -que todavía está por determinar- en el que las mujeres podrán interrumpir su embarazo sin alegar causa, y una serie de "indicaciones", como que exista un grave peligro para la embarazada o graves anomalías, malformaciones o enfermedades en el feto, que permitirán abortar más allá de ese plazo inicial establecido.
El texto también precisa que las jóvenes de más de 16 años no tendrán que contar con el consentimiento de sus padres para someterse a esta práctica y que se "clarificará" la objeción de conciencia de los médicos. Además, apuesta por facilitar el "apoyo institucional del Estado" a todos los que llevan a cabo abortos y trabajan por "la dignificación de esta prestación sanitaria". También se deberán adoptar medidas normativas complementarias para garantizar plenamente el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo.
La portavoz del PSOE en la comisión, Carmen Montón, dijo que con esta reforma se "elimina la inseguridad jurídica, se establece la sanidad pública como garante del derecho a abortar y se pone fin a la inequidad territorial".
Por su parte, la portavoz del PP, Sandra Moneo, acusó al PSOE de "utilizar el Parlamento como coartada a sus intereses" al acelerar los debates de la subcomisión e "imponer" un texto de conclusiones elaborado sin consultar con otros grupos.
A favor y en contra. Las reacciones a la reforma de la ley no se hicieron esperar. Asociaciones feministas aplaudieron la aprobación del texto de la subcomisión encargada de estudiar la reforma de la Ley del Aborto. La presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, consideró "muy positiva la noticia" ya que "es un paso para que las mujeres decidan sobre su propia maternidad". Con todo, aunque el texto no concrete plazos, reiteró que las 22 semanas que se barajan como límite para abortar en caso de malformación del feto y de riesgo de la madre, "se quedan cortas" y que "no debería haber límite de tiempo" para estos supuestos.
Sin embargo, organizaciones pro-vida como Derecho a Vivir (DAV) y la Plataforma la Vida Importa proclamaron ayer su oposición al texto porque "se trata de una legislación diseñada para beneficiar en exclusiva a la industria abortista, que se lucrará a través de la comisión de abortos con total libertad e impunidad frente a la Justicia, cuya aplicación será fuente de dolor y sufrimiento en el futuro".
Así, el presidente de DAV, Ignacio Arsuaga, explicó, en declaraciones a Europa Press, que el planteamiento del PSOE "obvia absolutamente las intervenciones de los expertos llamados por el Grupo Popular, así como destacó que "la ley del aborto libre provocará dos víctimas, los niños y niñas que morirán a manos de los empresarios abortistas".
Por su parte, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) pidió ayer al Legislativo que la nueva ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo "no incluya el aborto eugenésico como supuesto al que se puede acoger una mujer para abortar", por considerar que "es contrario a la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad".
