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El Congreso pide que alcohol y drogas se consideren agravante y no eximente en los casos de violencia de género

El PSOE retira su propuesta para que la admisión a trámite de una  denuncia por maltrato impida a un padre ver a sus hijos.

el 10 nov 2009 / 15:00 h.

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El Congreso de los Diputados pidió hoy al Gobierno que los efectos  de las bebidas alcohólicas o de las drogas se consideren una  agravante específica y no una circunstancia atenuante o eximente en  los delitos relacionados con la violencia de género, al igual que  ocurre en los delitos contra la seguridad vial.  

Así se recoge en el informe de conclusiones de la Subcomisión del  Congreso sobre violencia machista, que ha sido aprobado hoy con el  apoyo del PSOE, PP, CiU y BNG, aunque 'populares' y nacionalistas  catalanes se reservan la posibilidad de presentar un voto particular  en el que solicitar nuevas medidas que hasta ahora no han sido  incluidas en el texto.  

De este modo, los grupos seguirán negociando durante esta semana  el documento definitivo, que será votado el martes 17 en la Comisión  de Igualdad. El documento final, elaborado tras la comparecencia de  una treintena de expertos, se enviará al departamento dirigido por  Bibiana Aído para que lleve a cabo las recomendaciones que considere  oportunas.  

En estos momentos, el hecho de haber cometido delitos machistas  bajo los efectos del alcohol o de las drogas es una circunstancia que  puede rebajar o incluso anular la pena del maltratador.   

SE UTILIZA POCO  

Un reciente informe del Grupo de Expertos de Violencia Doméstica  y de Género del Consejo General del Poder Judicial reveló la "escasa  incidencia de la adicción al alcohol y las drogas sobre la  imputabilidad del autor" en estos casos, ya que no se había  considerado eximente completo en ninguna de las 530 sentencias  analizadas y sólo en cuatro (0,89%) fue tenido en cuenta como  eximente incompleto.  

Por otra parte, los grupos demandan que la orden de alejamiento  que se conceda a la madre se extienda a los hijos y que los padres  que tengan una condena firme por violencia machista pierdan la  custodia de los menores y la patria potestad. Además, solicitan que  no se aplique la mediación familiar en los casos en los que haya  existido violencia de género.

En el informe se pide que no se acepte el Síndrome de Alineación  Parental (SAP), ni la aplicación de su terapia, por parte de los  tribunales de justicia ni y de los organismos públicos.  

Sin embargo, el PSOE ha retirado del texto de las conclusiones su  propuesta para que la admisión a trámite de una denuncia por maltrato  suponga la suspensión cautelar del régimen de comunicación y visitas  de los hijos e hijas con el padre porque "los servicios jurídicos así  lo aconsejaban".  

LLAMADA DE ATENCION A LA PRENSA

El Congreso denuncia que la "cultura mediática sigue hipotecada  por la persistencia de contenidos (informativos, de entretenimiento,  de opinión, publicitarios) que legitiman la violencia de género y que  se conforman como un elemento cultural decisivo que refuerza el  sexismo y dicha violencia".

Por ello, reclama a los medios de comunicación que apliquen sus  Códigos de Autorregulación para mejorar el tratamiento informativo de  estos casos y temas y que recojan "el esfuerzo de las mujeres que  están saliendo del maltrato".  

Por otro lado, según el texto, es necesario que los profesores de  los colegios e institutos tengan formación permanente en igualdad y  violencia de género y que dichos contenidos estén en el currículo  escolar desde los primeros años para que los niños creen "relaciones  igualitarias desde la infancia".  

En la misma línea, los diputados solicitan que se incremente la  formación de los jueces, abogados, fiscales, Cuerpos y Fuerzas de  Seguridad y de los equipos psicosociales, así como que se mejore la  coordinación de las administraciones y de los profesionales  involucrados en esta lucha.  

ASESORAMIENTO ANTES DE DENUNCIAR  

En el texto, se propone que las mujeres reciban asesoramiento  jurídico previo a la denuncia y a la solicitud de la orden de  protección para que conozcan de las consecuencias que implica esta  decisión. Además, se reclama al Ministerio de Igualdad que desarrolle  un sistema estadístico que permita contabilizar y visualizar la  recuperación de las víctimas.  

También se pide incrementar la financiación para los recursos  sociales destinados a la atención de las víctimas de la violencia de  género, especialmente en los ayuntamientos, y que se  

flexibilice el acceso al Fondo de Garantía de Alimentos para hacer  frente al impago de pensiones por parte de los hombres.  

Del mismo modo, el Congreso solicita que se modifique la Ley de  Demarcación y Planta Judicial para que los juzgados especializados en  violencia de género puedan asumir el trabajo de aquellos juzgados  compatibles de otros partidos judiciales que estén sobrecargados de  trabajo. Es el proceso que se conoce como "comarcalización" o  "territorialización" de los juzgados especializados.

MAS POLICIAS

En cuanto a cuanto a la actuación policial, el informe reclama  incrementar los agentes destinados a las unidades especializadas de  los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, mejorar su formación y  los medios materiales de los que disponen. Además, pide la aprobación  de un Manuel de Buenas Prácticas común a los cuerpos estatales,  autonómicos y locales.

El informe admite el escaso número de mujeres que han solicitado  una suspensión o extinción de contrato por violencia de género y la  limitada repercusión de las medidas que fija la ley para fomentar el  empleo en este colectivo.

La portavoz socialista, Carmen Montón, destacó el "consenso" de la  Cámara en violencia de género y recalcó que la Ley, aprobada a  finales de 2004, es un "instrumento válido" que necesita profundizar   en su desarrollo "antes de hablar de cambios".  

La representante del PP, Susana Camarero, dijo que su formación  está "contenta" con las conclusiones de la Subcomisión pero "no del  todo satisfecha" porque considera, al igual que CiU, que se deben  separar los asuntos civiles de los penales de los juzgados  especializados para evitar mayores "colapsos". También quiere que el  sistema de valoración del riesgo de las víctimas "sea realizado por  un equipo multidisciplinar y no por una máquina".

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