El acuerdo al que llegó el consejo de administración de Astilleros de Huelva, propietario del 80% del astillero sevillano, celebrado el pasado lunes respaldó, por mayoría, permitir aprobar los contenidos de la hoja de ruta presentada por la Junta de Andalucía para las plantas de Sevilla y Huelva, según confirmaron a Europa Press fuentes del sector.
Sin embargo, el contenido del pacto alcanzado en esa reunión del consejo de administración, que se hará público hoy, presenta "varias dudas jurídicas", según precisaron las fuentes. Una de ellas está vinculada a la cláusula 2.2 del documento sobre el proyecto de Astilleros de Huelva, en la que se especifica que "los derechos políticos cedidos deberán corresponder a acciones que superen el 60% del capital social y de los derechos políticos" de la compañía naval.
Sin embargo, tras la votación del lunes, según las fuentes, dicho porcentaje "no se lograría con los votos a favor de los asistentes al consejo y habría que esperar a la celebración de la junta general de accionistas para ver qué se decide, lo que no impide aprobar el plan, toda vez que se sepa si IDEA supedita la firma del convenio a la celebración de la junta general de accionistas o acepta la votación y el acta que se comunicará".
Y es que, varios días después de que expirase el ultimátum marcado por la Junta a Astilleros de Huelva y al que éste ha hecho oídos sordos, la empresa tiene previsto remitir a lo largo del día de hoy el acta que recoge lo acordado en el mencionado consejo de administración a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), dependiente de la Consejería del ramo de la Junta, que estudiará la documentación.
En función de la decisión que adopte IDEA, las fuentes señalaron que se someterá a la junta general de accionistas, en la que "los accionistas, con nombres y firmas, tendrían que ceder el 60% de los derechos políticos", puntualizaron.
En definitiva, aclararon que el acuerdo con la Consejería "se puede firmar ya", pero "habría que resolver las distintas dudas jurídicas y saber si la Administración andaluza acepta la votación tal como se ha acordado por mayoría".
Otra de las cuestiones que plantean las fuentes es saber hasta qué punto es vinculante que algunos consejeros hayan votado en contra del plan, y si es posible instar a la Junta para que éstos puedan ser sustituidos por un representante común del consejo, que firmaría "en solitario".
