El pago de las deudas que arrastraba el Ayuntamiento de Sevilla se completó la semana pasada, cuando 315 proveedores recibieron los 54 millones que llevaban años pendientes de cobro, correspondientes a 2.366 facturas, según confirmó ayer el alcalde Juan Ignacio Zoido. En 291 casos son empresas (el Consistorio no precisó si pequeñas, medianas o grandes) mientras que los 24 restantes, un 7,62%, corresponden a facturas presentadas por personas físicas (autónomos). El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en una comparecencia junto a Zoido, insitió en que "lo importante ahora es que esto no se vuelva a repetir , que no se acumulen estas deudas, porque un país no se puede permitir estos niveles de morosidad". Y anunció que para evitarlo se impulsará la reforma de las administraciones públicas comenzando por los ayuntamientos.
En un acto con proveedores en el Salón Colón del Ayuntamiento, Zoido agradeció a Montoro "haber dado tesorería a los ayuntamientos" para pagar estas deudas que, según censuró, se deben a que los ayuntamientos no han sido "lo suficientemente responsables y diligentes a la hora de asumir sus responsabilidades".
Para conseguir que el Gobierno central adelantase esos 54 millones y quedarse a cero en sus impagos, el Consistorio sevillano aprobó un duro plan de ajuste que prevé recortar los salarios un 5%, subir las tasas un 3% anual hasta 2022 y pagar 22 millones en intereses. Esta estrategia permitirá, insistió ayer Zoido, que el Ayuntamiento vuelvan a ser una administración "al servicio de los ciudadanos" con capacidad para pagar los servicios que contrata.
El ministro Montoro informó también de que en toda la provincia de Sevilla los pagos habían ascendido a 287 millones de euros, correspondientes a 6.551 proveedores. De ellos, 4.094 son pymes (pequeñas y medianas empresas, un 62,49% del total), 2.222 autónomos (34%) y las 235 restantes grandes empresas (3,59%).
El presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), Miguel Rus, se congratuló de que la totalidad de las facturas sujetas al plan de proveedores hayan sido ya cobradas, lo que la CES ha corroborado con consultas a sus asociados. Y avanzó que también se están pagando otros atrasos no incluidos en estos planes de pago, ya que hay facturas "que se han enviado directamente al Estado y una vez que se ha demostrado que son trabajos realizados, se están abonando, en municipios como Alcalá de Guadaíra, Osuna o Benacazón. Ha sido una sorpresa porque era una de nuestras grandes preocupaciones", señaló Rus, que afirmó que había recibido esta información del ministro, quien no lo mencionó en su intervención.
Estos pagos no sujetos al plan de pago a proveedores se están produciendo de distintas formas: municipios como Alcalá de Guadaíra, que había solicitado 24 millones para pagar sus atrasos, habían decidido asumir también la parte correspondiente a la Junta de Andalucía en obras que habían sido financiadas conjuntamente, adelantando el dinero. De esta forma, ha pagado ya atrasos que ni siquiera le corresponden con el dinero recibido del Estado. "El Ayuntamiento se ha cargado con la deuda entera por el bien de los proveedores, para que cobraran todos", explicaron ayer fuentes del consistorio alcalareño.
En otros pueblos como El Coronil, cuyo el plan de ajuste fue rechazado por el Ministerio de Hacienda y está pendiente de revisión, es el Instituto de Crédito Oficial (ICO) el que ha comenzado a abonar facturas a los proveedores, un dinero que tendrá que detraerse luego de las arcas municipales, según confirmaron también fuentes municipales.
Al margen de los pagos realizados, Montoro recordó que ahora se abrirán las ayudas para el pago de proveedores en las comunidades autónomas, una inyección económica que espera poner en marcha a finales de este mes o a principios de julio. Entre ellas está la Junta de Andalucía, cuya necesidad de financiación definió Montoro como "bastante cuantiosa, puesto que estamos hablando del reconocimiento de una deuda de en torno 2.700 millones de euros". Y recordó que la semana pasada ya se abrió una línea de crédito de 510 millones para Andalucía.
