El pleno del Consejo Consultivo de Andalucía dictaminó ayer que la proposición de ley impulsada por el PSOE en el Parlamento andaluz acerca de la delegación de competencias sobre las aguas del río Guadalquivir que transcurren íntegramente por el territorio de Andalucía por la vía del artículo 150.2 de la Constitución es "ajustada al ordenamiento constitucional".
El dictamen salió adelante pese a que se emitieron tres votos particulares en contra y una abstención, según fuentes consultadas por Europa Press.
El texto de la iniciativa ahora avalada por la mayoría del Consultivo tiene como objetivo garantizar la participación de Andalucía en la gestión de la cuenca conforme a su peso real, después de la sentencia del Tribunal Constitucional de marzo -que anuló el artículo 51 del Estatuto de Autonomía que atribuía a Andalucía las competencias del río-.
Este fallo ha derivado en que la Junta devuelva al Estado las potestades sobre el Guadalquivir.
El órgano consultivo, con sede en Granada, concluye que "de conformidad con la jurisprudencia constitucional no es posible fragmentar el régimen jurídico ni la administración de las aguas de forma que se haga peligrar la unidad de gestión, prohibición que debe entenderse como límite material de una hipotética transferencia o delegación de competencias".
Para argumentarlo, el Consultivo considera que garantizar la unidad de gestión "no equivale a sostener que sólo puede corresponder al Estado la gestión de las aguas de estas cuencas", puesto que existen "mecanismos más que suficientes" para preservarla, aunque el conjunto de actos administrativos que la misma exigen "no sean siempre dictados por la misma administración". "En modo alguno", según el Consultivo, se produce tal fragmentación con respecto al régimen jurídico de las aguas "dado que la entera potestad normativa permanece en manos del Estado, sin que sea objeto de delegación en ninguna de sus manifestaciones posibles".
De hecho, el Estado "no se ve desposeído de las potestades de coordinación" y ostenta "las facultades de control y retiene facultades de gestión que permiten que actúe en su posición de garante de los intereses supracomunitarios". "Por esa razón permanece en su defensa competencial el ejercicio de actuaciones que necesariamente afecten a más de una comunidad autónoma", reza la iniciativa.
De los 18 miembros del pleno del Consejo, 15 asistieron a la votación, tres de ellos emitieron un voto particular contrario y uno se abstuvo. El dictamen, que se hará público cuando se incorporen al texto los tres votos particulares, fue solicitado por el Parlamento tras la aprobación de una proposición por parte de todos los grupos. La iniciativa socialista ya ha superado el debate de totalidad en el Parlamento y actualmente continúa su tramitación en comisión. Una vez aprobada, será remitida al Congreso.
