El real decreto que el el Gobierno prepara para garantizar la intimidad de las mujeres que deciden abortar podría entrar en vigor antes de que finalice el año. La norma será retroactiva para quien lo desee e impedirá, salvo por orden judicial, desvelar la identidad de la mujer, protegida con un código secreto.
Así lo anunciaron ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, tras el Consejo de Ministros que estudió este real decreto, que afecta a varios ministerios -Sanidad, Justicia e Igualdad-. "Nadie, absolutamente nadie, puede entrometerse en la intimidad de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo", según De la Vega.
Aído, quien se reunirá con el sector de las clínicas en dos semanas para debatir sobre esta norma, actualmente en fase de proyecto, explicó que el decreto obligará a todos los centros que ofrezcan esta prestación, tanto públicos como privados, a separar el historial clínico de los datos personales de la mujer que decide interrumpir su gestación.
De esta forma, continuó, en el historial clínico de la paciente no figurará su nombre, ni ningún dato que pueda identificarla, sólo este código que le será entregado al inicio de la prestación, y que podrá ser solicitado también por todas aquéllas que interrumpieran el embarazo antes de la entrada en vigor del decreto.
Mientras tanto, la Asociación Víctimas del Aborto acusó ayer al Gobierno de "no haber sabido atajar las irregularidades cometidas en los centros donde se practica el aborto" y consideró que el anuncio de reforma de la Ley del Aborto demuestra que el Ejecutivo está "asustado ante estos fraudes".
