La crisis vuelve a ser un año más protagonista en el Informe del Defensor del Pueblo andaluz de 2013, que presentó ayer su titular, Jesús Maeztu. Lamentó que el mapa de la pobreza ha crecido y en él han ingresado otros sectores de población que antes estaban al margen, pero que con la situación económica que azota al país también sufren la pérdida de derechos sociales. Este nuevo grupo que está acudiendo al Defensor del Pueblo a pedir ayuda son los trabajadores de clase media que han perdido su empleo o mujeres que se han separado y no cobran la pensión que les corresponde.
«2013 ha sido un año en el que ha crecido la desigualdad social», se quejó Maeztu, quien recalcó que el 40 por ciento de las quejas o consultas realizadas «afectan a los pilares básicos del bienestar social», como son servicios sociales y vivienda. En esta línea indicó que los colectivos más vulnerables siguen siendo los más débiles «menores, mujeres y mayores».
Ante esta situación, urgió a buscar medidas y soluciones para frenar este proceso y defendió la necesidad de «garantizar una renta mínima y unos suministros esenciales para las familias vulnerables, dar respuesta al problema del sobreendeudamiento de muchas familias, consecuencia de la drástica reducción de su ingresos, cuando no la pérdida de los mismos, y realizar un cambio estratégico en las políticas públicas de vivienda».
Por ello, remarcó que hay que defender los derechos elementales del Estado del Bienestar y señaló que si a las empresas en crisis se les dan facilidades, a las familias que atraviesan por malos momentos económicos «también se les debe dar una segunda oportunidad y pactar nuevas condiciones» para que pueden hacer frente a sus deudas y no pierdan lo que tenían.
Todas estas circunstancias están provocando que haya una desafección de los ciudadanos hacia los políticos y en su opinión esto se debe a que «no se analiza la realidad pura y dura, porque hay mucha distancia entre la realidad y los despachos», aunque aclaró que son los políticos los que tienen que dar las soluciones, y para ello «deben estar más cerca de la realidad y tender puentes con la administración». Asimismo, afirmó que «necesitamos consensos y acuerdos», por lo que les pidió, que por encima de su ideología se sienten a negociar y «no se levanten» hasta que llegar a pactos.
Insistió que la ciudadanía exige a los políticos que su trabajo sea más cercano y real y alertó que este alejamiento es el que está provocando que surjan los populismos.
Dependencia. Maeztu informó también de que la oficina del Defensor del Pueblo ya ha puesto una queja por los retrasos en la ayuda a la dependencia, aunque aclaró que ya ha habido un acuerdo con la Consejería de Salud y Bienestar Social para saldar la deuda pendiente con las empresas y para que se incremente el empleo de proximidad, es decir, el de la ayuda a domicilio.
El Defensor fue tajante al exigir que se tienen que atender las nuevas demandas en dependencia. Manifestó que quizás se tenga que realizar un reajuste y en vez de prestar 70 hora a una persona se reduzcan a 50, «pero de este modo igual se puede atender a dos demandantes».
En este sentido, remarcó que a pesar de la crisis se tienen que mantener la ayuda a domicilio, «la red de mínimos que existe tiene que resistir, porque si desaparece ya no vuelve».
El sentimiento de que se está retrocediendo en el tiempo es tan elevado que el año pasado acudieron 42.500 ciudadanos a la oficina del Defensor del Pueblo pidiendo protección ante lo que consideraron una vulneración de sus derechos, lo que supone un incremento del 5,5 por ciento con respecto a 2012.
Una demanda de atención que ha significado la tramitación de un total de 18.779 actuaciones en defensa y protección de los derechos de la ciudadanía. De ellas, 9.624 fueron quejas tramitadas; 8.691 consultas; 461 actividades de promoción de los derechos sociales y tres informes.
De todos estos casos, un total de 7.300 expedientes, es decir, el 40 por ciento, tuvieron relación con los colectivos más vulnerables como menores, mayores, mujeres, necesidad de vivienda y de prestación de servicios sociales.
