El 29 de marzo de 2009 las cajas de ahorros y, en general, todas las finanzas del país temblaron tras la intervención de Caja Castilla-La Mancha (CCM) por orden del gobernador del Banco de España. La medida, adoptada por sorpresa ya que la entidad conquense estaba negociando fusionarse con la andaluza Unicaja , supuso el cese fulminante de sus gestores y su control público, dada la situación crítica que atravesaba debido a la excesiva exposición al ladrillo, la elevada morosidad y una fuga de depósitos que ponía en peligro sus obligaciones con los clientes. Estaba, en definitiva, al borde de la quiebra. Un año después, y en una compleja operación con el parné público de por medio, la caja pasará al grupo Cajastur, tras ser adjudicada por quien, todavía hoy, la rige: el supervisor.
En domingo. Aquella intervención, que implicó la celebración en domingo de un extraordinario Consejo de Ministros para autorizarla, reveló a los españoles la gravedad de la crisis financiera en un país que presumía de bancos y cajas fuertes, además de constituir un aviso en toda regla para el conjunto del sistema: Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el gobernador, aplicaría mano de hierro a cualquier entidad, aunque ésta fuera de una comunidad socialista, caso de Castilla-La Mancha, y perjudicara los intereses de otra también de este mismo signo político, la andaluza, cuyo Gobierno, con el entonces consejero de Economía, José Antonio Griñán -apenas dos semanas después, presidente de la Junta tras la marcha de Manuel Chaves a Madrid-, como muñidor, se afanaba en esa operación rescate capitaneada por Unicaja.
Pero ésta falló porque, después de conocerse las cuentas reales de CCM confeccionadas por una consultora independiente (Pricewaterhousecoopers), Braulio Medel, el presidente de la malagueña, solicitó el doble de ayudas y avales con cargo al Fondo de Garantía de Depósitos -un dinero aportado por las cajas españolas- para quedarse con CCM y Mafo dijo un rotundo no.
La primera en dos siglos. España revivía, así, la histórica intervención de Banesto acaecida el día de los Santos Inocentes de 1993. Y la castellano-manchega era la primera caja de ahorros que quedaba bajo el control del supervisor en los dos siglos de vida de estas entidades. Y es cuando otras que realmente lo estaban pasando mal, entre ellas Cajasur, constatan cómo se las gasta el gobernador e inician la búsqueda de caballeros blancos.
Tras el visto bueno del Consejo de Ministros, que dispuso para el rescate avales de hasta 9.000 millones de euros, de los que ni siquiera se empleó la quinta parte -esta operación no supone coste para el erario público puesto que el FGD es un fondo de las cajas-, en CCM se ordena una auditoría (fueron 740 millones de pérdidas en 2008) y se abren expedientes tanto a los antiguos gestores, empezando por su presidente, Juan Pedro Hernández Moltó, y su director general y terminando con todos los consejeros.
Sanciones. Estos expedientes, que implicaban tanto sanciones económicas como inhabilitaciones para el ejercicio de cargos financieros, no se han resuelto aún, aunque trajeron una consecuencia colateral. En efecto, desde entonces los consejeros de las cajas -buena parte elegida por las administraciones y los sindicatos- son más cautos con aquello que firman.
Seis meses después de ser intervenida, el Banco de España autorizaba la absorción de CCM por parte de Cajastur -la andaluza Cajasol coqueteó , pero no reunía las condiciones exigidas-. La vía escogida, complejísima: el negocio bancario de la conquense queda integrado en Banco Liberta, filial de la asturiana, mientras aquélla se queda con el 25% de éste y con la Obra Social y la cartera de participadas. Aún no está cerrada.
Necesidad, urgencia y miedo. La intervención de CCM actuó de revulsivo para las cajas. Primero, al acelerar los procesos de concentración. Segundo, al concebirse un fondo específico para el rescate de entidades, el FROB, con el que el Gobierno respaldará las fusiones con avales públicos. Y, por último, al ampliarse los poderes del Banco de España a la hora de tomar el control de entidades financieras -e incluso liquidarlas- cuando lo considere necesario.
En estos momentos, casi una treintena de cajas se encuentran inmersas en negociaciones de integración. Algunas de ellas ya han cuajado -son los casos de Unicaja y Caja de Jaén; Cajasol y Caja de Guadalajara; Caixa Catalunya, Caixa Tarragona y Caixa Manresa; Caja Duero y Caja España; Cajastur y CCM; la alianza SIP entre las cajas de Navarra, Canarias, Burgos, Ávila y Segovia; o Caixa Sabadell, Caixa Terrassa y Caixa Manlleu-. Otras están en conversaciones -Caixa Galicia y Caixanova-. Y unas terceras están en el limbo (Unicaja y Cajasur).
El FROB, por mandato comunitario, tiene fecha límite, el 30 de junio próximo, de ahí que el Banco de España esté presionando para que las fusiones se aceleren, a al tiempo que recuerda su potestad para aplicar su demostrada mano de hierro.
