El vértigo de cambios en el que vive instalado el PSOE andaluz desde que José Antonio Griñán anunciara hace 25 días que Monteseirín no sería más el candidato del PSOE a la Alcaldía de Sevilla está obligando a un encaje de piezas en el que algunos movimientos virtualmente cerrados han terminado por diluirse en cuestión de días por falta del consenso necesario para ejecutarlo.
Es el caso del nombramiento de Juan Espadas como delegado del Gobierno en Andalucía, una designación que estaba ya sobre la mesa y que ha terminado por descartarse sólo unos días después de que se entendiera de que se trataba del puesto más adecuado para que el presumible cabeza de lista en las municipales lograra notoriedad pública en pocos meses.
La intención, incluso, era la de adelantar los tiempos de su designación y que su nombramiento pasara en breve plazo por el Consejo de Ministros. Era inminente. O al menos lo preveía así la propia dirección socialista. Sin embargo, ha habido marcha atrás y Espadas no recalará en el puesto que desempeña desde hace seis años el onubense Juan José Lopez Garzón.
Según fuentes socialistas, en la decisión final, compartida entre el propio Juan Espadas y la cúpula del PSOE, han pesado más los problemas que generaría conciliar un cargo de estas características con la misión, si es que finalmente se le encomienda (y ésta ya es otra cuestión), de encabezar la lista socialista a la Alcaldía en 2011.
El puesto de delegado del Gobierno requiere de una plena disponibilidad que hace muy difícil compatibilizar ambas responsabilidades. La agenda del delegado del Gobierno le obliga a viajar de forma permanente por las ocho provincias andaluzas, y sobre él, además, recaen competencias de especial sensibilidad en su calidad de principal responsable de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la comunidad.
Dos razones de peso para dudar sobre la conveniencia de hacer un ejercicio de pluriempleo político. Y dos razones que han sido esgrimidas dentro del propio partido para imponer una reflexión sobre la conveniencia o no de colocar al ex consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio en un puesto tan singular.
Pero además, a estas dificultades de orden competencial se suma el coste político de la polémica planteada con la designación. Desde que se hizo pública la intención de los socialistas de situarle en el despacho de la torre norte de la Plaza de España, el PP acusa al PSOE de querer utilizar las instituciones en beneficio propio.
Lo dijo la portavoz parlamentaria Esperanza Oña a las pocas horas de trascender la noticia y lo venían repitiendo desde entonces todos los dirigentes locales del PP a los que se interrogaba sobre esta posibilidad. Dos populares como Juan Ignacio Zoido y José Torres Hurtado también ejercieron de delegados del Gobierno en Andalucía antes de disputar las alcaldías de Sevilla y Granada. Pero el problema sería que calara en la opinión pública esta idea, a la que también ayudaría la propia interinidad de Espadas. El ex consejero nunca podría compaginar ambas tareas -delegado y candidato- por más de un año, pues sería imposible explicar que siguiera con su responsabilidad pública a las puertas de la campaña.
Queda además una última derivada de esta cuestión que también ha pesado mucho en la decisión final: las reticencias mostradas desde Madrid ante una operación de la que no tenían conocimiento previo y que implicaba mover una pieza propia tan importante como la del puesto de quien representa al Gobierno en Andalucía.
Juan José López Garzón se enteró del relevo que preparaba el PSOE cuando leía los periódicos la mañana del martes. Más o menos a la misma vez que sus superiores jerárquicos y que la dirección federal del PSOE, que entendió que esta fórmula de encaje de Juan Espadas podía aportar más cosasw negativas que positivas. Lo mismo que, al final, han pensado también aquí en Sevilla.
