El Gobierno va a iniciar una reflexión sobre la legalización del suicidio asistido, un tema que en esta legislatura pueda suponer un cambio del Código Penal, para permitir que un enfermo pueda recibir ayuda para poner fin a su vida, según anunció el ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, en una entrevista en el diario El País.
Soria señaló que la reflexión está "abierta" y, aunque el suicidio asistido no es legal en España, se mostró esperanzado porque el Código Penal "se ha cambiado ya muchas veces" y podría volver a hacerse.
Para ello, el Ministerio de Salud y el de Justicia van a trabajar de forma conjunta, tanto en una subcomisión parlamentaria como a través de un equipo de expertos en busca una "reflexión confidencial" en busca de un marco legal similar al de Suiza u Holanda.
"No vamos a decir a la comisión cómo debe acabar, pero sí creo que ofrecerá elementos suficientes para una decisión política (...) la reflexión nos puede llevar un año o un año y medio. Por tanto, yo no excluyo que sea en esta legislatura", aseguró Soria en relación a un posible cambio del Código Penal en este aspecto.
A este respecto, el vicesecretario de Comunicación y portavoz del Partido Popular, Esteban González Pons, expresó ayer su rechazo total al "suicidio asistido", puesto que, según dijo, los populares se oponen a "liquidar al personal con cargo a la Seguridad Social". Además, para el portavoz popular y como ya dijera sobre el aborto, el Gobierno quiere ocultar a las "víctimas del paro" que está provocando la "inutilidad profesional" del presidente José Luis Rodríguez Zapatero.
La Junta de Andalucía comenzó a tramitar esta misma semana el proyecto de Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte, pionero en España. Entre los derechos reconocidos se encuentra la potestad del ciudadano de rechazar o paralizar cualquier tratamiento o intervención, aunque ello pueda poner en peligro su vida.
