El Algarrobico no será expropiado. El Gobierno ha decidido guardar en el cajón la decisión que tomó en 2005 para hacerse con el suelo donde se levanta el máximo símbolo del urbanismo desaforado, en la costa almeriense, y devolverlo a su estado natural. La decisión, dice, es reversible, a la espera de que el Ayuntamiento de Carboneras revise la legalidad de la licencia del hotel.
La desaparición de la mole de hormigón que se levanta en la playa del Algarrobico, en Carboneras (Almería), parecía real en 2005, cuando la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona (PSOE), anunció la expropiación del hotel promovido por la empresa Azata del Sol. Habría que negociar una indemnización pero el edificio, 20 plantas para más de 400 habitaciones a 14 metros de la ribera del mar y en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, sería demolido. Se le puso hasta fecha: 2010, como máximo.
El proceso formal arrancó en julio de 2007 y un año después se fijó el precio a pagar a la constructora por los perjuicios causados: 100 millones de euros. La expropiación seguía su curso, hasta ayer, cuando el delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, hacía pública la decisión del ministerio de desistir. El Gobierno abandona la expropiación de los bienes inmuebles ubicados en el paraje, ya que entienden que las causas que motivaron la operación han desaparecido tras una sentencia judicial de septiembre de 2008; en este auto, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Almería ordenó al Consistorio de Carboneras que iniciase la revisión de oficio de la concesión de la licencia del hotel, otorgada en 2003 por el ayuntamiento socialista, proceso que puede derivar en la anulación definitiva. Tras nueve meses de estudio del fallo, la Abogacía del Estado ha recomendado ahora que no se expropie "en tanto no se resuelva la cuestión judicial sobre la posible nulidad".
El proceso, explica el Gobierno, "podría quedar vacío de contenido" si la licencia queda legalmente anulada, lo que hace que, ante estas "circunstancias sobrevenidas", aparcar la expropiación sea "la mejor opción". "No se vislumbra resultado de provecho", añade el Abogado del Estado, por lo que seguir adelante podría ir "en detrimento de los fondos públicos", más aún en un proceso "complejo" en el que se están empleando "importantes recursos". Garzón usó un ejemplo para argumentar su cambio de postura: "Es como alguien que se compra una casa y, cuando tiene la casa en proceso de compra, le dicen que la licencia de edificación puede que sea nula. En ese caso, cualquier persona normal se espera a ver qué es lo que ocurre, y esa es la decisión que ha tomado el Gobierno para defender sus intereses".
Si la licencia se declara nula finalmente, el proceso de expropiación "sería innecesario" o, cuando menos, se circunscribiría sólo a los terrenos colindantes, y no a la edificación en sí. En caso contrario, el delegado prometió que la expropiación se retomaría inmediatamente, "puesto que la declaración de los terrenos como de utilidad pública se mantiene". De la revisión de la licencia dependerá también el justiprecio -el dinero que el Gobierno debe pagar a Azata-.
Matices aparte, la decisión causó un profundo malestar entre los miembros de Greenpeace y Salvemos Mojácar, impulsores de las denuncias contra el hotel. Los ecologistas sostienen que la medida supone un "grave retroceso" y que el Gobierno pierde con ella "su credibilidad sobre la defensa ambiental", cuando la edificación cuenta ya con 12 pronunciamientos judiciales en contra.
