Como intuíamos, la crisis económica sigue y nos ha deparado más sorpresas. Las últimas tienen que ver con las medidas adoptadas por el gobierno de los EEUU para frenar sus efectos, y que suponen de facto la intervención del Estado en el mercado. Ello ha sido visto por muchos analistas como una quiebra del modelo liberal imperante que anuncia un tiempo nuevo en el sistema económico. Si a ello unimos la declaración del presidente de la CEOE, solicitando se haga un paréntesis en la economía de mercado para que intervenga el gobierno de España, la confusión acerca de la ingerencia de los poderes públicos es total.
La confusión tiene fundamento en la idea, hasta hora extendida, de que el mercado es capaz de ordenar las relaciones de producción e intercambios sin necesidad del Estado, es decir, al margen de los poderes públicos, y que las intervenciones de éstos siempre son excepcionales y por lo común tienen un marcado carácter social en línea con un pensamiento progresista; de ahí que se contemple con sorpresa las recientes actuaciones del gobierno de EEUU. Pero las cosas son muy diferentes.
El mercado, entendido éste como el ámbito en el que se desenvuelve la iniciativa privada para la producción y la comercialización de bienes y servicios, siempre ha necesitado y requerido de la intervención del Estado, pues es impensable que se puedan defender sus intereses sin la colaboración del poder político. La seguridad de las transacciones exige de unas normas que uniformice las reglas de juego, y el Derecho, como no puede ser de otra forma, es una creación del Estado.
Esta seguridad que da estabilidad a las economía, necesita igualmente de mecanismos que garanticen el cumplimiento de esas normas: el que debe algo que lo pague, o asuma sus consecuencias, lo que se consigue a través del aparato coactivo del Estado. Y exige del control de la clase trabajadora para alcanzar la "paz social", a fin que no haya sobresaltos en el ritmo de producción. Hablamos entonces de la seguridad jurídica, que no es más que un eufemismo con el que se quiere aludir a la superioridad de los intereses económicos respecto de cualquier otro objetivo.
Además, la actividad económica necesita de la obra pública para su desenvolvimiento. Requiere de la inversión en medios de comunicación, en infraestructuras logísticas, poco rentables para que la asuma la iniciativa privada, a fin garantizar el rendimiento económico de las empresas. Unas empresas que, a su vez, viven en gran medida de la contratación pública, ese pesebre de recursos económicos del que se alimentan. Y así podríamos seguir para poner de manifiesto que la pretendida autosuficiencia del mercado para generar riquezas es una falacia del sistema para defender una pretendida bondad interna de la que carece.
Desde esta perspectiva la intervención del Estado tiene como finalidad sustentar el sistema, asegurar su permanencia. Y este es el sentido de las medidas que ha adoptado el gobierno norteamericano y del SOS lanzado por el presidente de la CEOE. Distinto sería que la intervención pública se dirigiera a controlar y encauzar a la iniciativa privada en defensa de los más débiles, o que esa intervención sea para tomar el timón de la actividad económica para proteger los intereses generales. Pero en estos casos hablamos de cosas muy diferentes, de intervenciones muy distintas.
Rosario Valpuesta es catedrática de Derecho Civil de la Pablo de Olavide.
