“Yo puedo tener responsabilidad política, pero no penal”, con estas palabras se defendió el que fuera hasta hace un mes director general de Trabajo, Daniel Rivera, ante la jueza Mercedes Alaya, que le imputa cuatro delitos por su responsabilidad en el fraude de los expedientes de regulación de empleo (ERE), al continuar con el sistema de ayudas implantado mientras Francisco Javier Guerrero, en prisión preventiva, ocupaba el citado cargo. El exalto cargo aseguró que “nadie” le advirtió de la ilegalidad del procedimiento, aunque reconoció que no existió fiscalización previa de las ayudas. Rivera, que hoy seguirá declarando, intentó aplazar su comparecencia recusando a la jueza, pero ésta la rechazó por “extemporánea”.
El que fuera exdirector general entre abril de 2010 y junio de 2012, ya en el Gobierno de José Antonio Griñán, insistió en que no conoció las irregularidades hasta noviembre de 2010, cuando se destapa la existencia de intrusos en el ERE de Mercasevilla. “Cuando llegué a la Dirección General de Trabajo no tenía por qué dudar de que el procedimiento utilizado era ilegal”, no obstante precisó que cuando detectaron las irregularidades no pensaron que “fueran de tanta gravedad como para tener naturaleza penal”.
De hecho, reconoció que antes de marcharse la Junta había iniciado de oficio la revisión de 300 ayudas y que se detectaron, en junio, que 200 de ellas no debían ser abonadas. Sin embargo, esto no se puso en conocimiento del juzgado porque “no se consideró que existió ilícito penal”, a lo que la jueza replicó que es ella la que decide si existe o no. “Ahora resulta que yo soy un ser y delincuente”, contestó Rivera en tono irónico.
Además, admitió que se ha aportado al juzgado documentación “incompleta” porque se retiró de los expedientes diversas anotaciones manuscritas, compartiendo con Alaya que los expedientes eran “un desastre” y que parecía que los “papeles se habían lanzado al aire”.
El exalto cargo también basó su defensa en que él “se limitaba a firmar lo que le ponía por delante” la exasesora María José Rofa, de quien dijo que “la consideraba suficientemente cualificada” y que por ello “no revisaba los expedientes”. Según Rivera, ni la Secretaría General Técnica de Empleo, ni el Servicio de Legislación, ni la Intervención delegada, ni tampoco el Gabinete Jurídico le advirtió que el procedimiento para conceder las ayudas era ilegal. Igualmente, ha negado que desde la Agencia IDEA se le advirtiera, negándose a ofrecer los nombres de las personas que debieron hacerlo.
Rivera sí admitió que se leyó un informe del despacho de abogados Garrigues, que advertía que era necesario la fiscalización previa y el control posterior de las ayudas, pero que como el resto de organismos citados no le alertó de estas irregularidades, consideró el informe de Garrigues como “una opinión más”. Además, dijo que en el documento elaborado por el despacho de abogados no se indicaba en ningún momento que dicha ilegalidad era de “naturaleza penal”. “Yo puedo tener responsabilidad política, pero no penal”, aseveró.
Asimismo, explicó que cuando llegó al cargo el exconsejero de Empleo Manuel Recio le indicó que “ya no se podían dar más ayudas, salvo las que le ordenara el viceconsejero” (entonces Justo Mañas) cuando existiera un conflicto laboral puntual que resolver, aunque Alaya cree que otorgó 43 millones de euros en ayudas en dos años. También reconoció que cuando llevaba un mes en Empleo tomó conciencia de que “había ayudas que se habían otorgado sin convenio por valor de 70 millones de euros”, pero no actuó porque había 6.000 prejubilados a los que pagaban sus pólizas y que tenían que cobrar.
Rivera –imputado por malversación, prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos e infidelidad en la custodia de documentos, todos ellos con carácter continuado-, mantuvo, como ya ocurriera la semana pasada con su antecesor en el cargo, Juan Márquez, varios momentos de discusión tensa con la magistrada, en especial al inicio de la declaración. “El interrogatorio lo dirijo yo”, le llegó a indicar la jueza. “Usted no me permite que conteste a lo que mi derecho convenga” y “usted es dueña de las preguntas y yo de mis respuestas”, le contestó Rivera, que en las primeras horas del interrogatorio se mostró nervioso. “¿Cómo los de IDEA no le avisaron de la ilegalidad?”, le preguntó la jueza, “porque son humanos y se equivocan como usted y yo”, le contestó Rivera. “No me meta usted en medio”, respondió Alaya. “Bueno, pues como me equivoco yo”, le dijo el exalto cargo.
Y es que la declaración se inició justo después de que Alaya resolviera la recusación que el exalto cargo planteó 24 horas de su comparecencia, alegando que no había resuelto el recurso que presentó contra su imputación hace unos cinco meses, cuando “debe resolverse en dos meses”.
Una maniobra con la que Rivera pretendía cancelar su declaración. Sin embargo, Alaya decidió no admitirla a trámite “por extemporánea”, pues se ha formulado con el único propósito de suspender las declaraciones programadas” y le recuerda que ésta no es la única causa que ella tramita, pues están a su cargo “diversas macro-causas”.
