Un informe entregado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, encargada de la investigación sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta, sostiene que el exdelegado provincial de la Consejería de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas, imputado en la causa, "tiene conocimiento de todo lo que sucede y participa en la inclusión" de dos intrusos en el ERE de Calderinox S.A., como son el exdelegado de Trabajo de la Junta en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés y Antonio Fernández Garzón.
Según el informe, al que tuvo acceso Europa Press, el exdelegado provincial de Empleo "tiene conocimiento de todo lo que sucede y participa en la inclusión de los intrusos", ya que, en primer lugar, "es la persona que recibe" la solicitud de ayuda de los trabajadores el 17 de enero de 2008, "y de esa misma fecha es un borrador de concesión de ayuda" del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, por lo que "resulta chocante que el mismo día en el que se recibe la solicitud en la Delegación Provincial ya exista un borrador de concesión".
De acuerdo con las conclusiones de la UCO, "esto sólo puede ser mediante un contacto directo entre el delegado y el director". En otro punto del informe, los agentes de la Benemérita hacen referencia al actual director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Daniel Alberto Rivera, y al propio Juan Márquez, ambos imputados en esta causa, señalando que "dieron forma y continuidad" a los acuerdos alcanzados por Francisco Javier Guerrero con Calderinox mediante las resoluciones por las que "ordenaron" a IDEA el pago de las ayudas acordadas.
Sobre la investigación interna abierta en la Junta de Andalucía cuando saltan las irregularidades, la Guardia Civil pone de manifiesto que el informe realizado por la Administración autonómica "se limita a enumerar algunas de las deficiencias y de las irregularidades que se detectan sin intentar aclarar y de encontrar a los responsables de la inclusión en la póliza de personas que no han trabajado en Calderinox".
Por su parte, el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, denunció ayer la existencia de dos pagos directos de más de 860.000 euros por parte de la Junta a Uniter -una de las dos empresas intermediarias en las pólizas de prejubilaciones-, ordenados por el actual director general de Trabajo de la Junta, Daniel Rivera, imputado por la justicia por su presunta implicación con el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE).
Según Sanz éstos son los primeros pagos directos que se conocen a una empresa intermediaria por parte de la Junta, ya que, hasta el momento eran las aseguradoras quienes pagaban a las intermediarias Uniter y Vitalia. El dirigente popular apuntó a un informe elaborado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Empleo aclaró que los pagos ordenados por el director general de Trabajo responden a "acuerdos" formalizados antes de que Rivera ostentase este cargo.El alto cargo, imputado en la presunta trama de prejubilaciones fraudulentas con cargo a fondos autonómicos, "se limita a ordenar los pagos en base a acuerdos firmados previamente a su nombramiento", según la Consejería.
