El exinterventor general de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez, ha registrado un escrito dirigido al presidente del Parlamento, Manuel Gracia, en el que le pide que frene la "vergüenza" del dictamen de la comisión de los ERE. La falta de acuerdo político ha propiciado un documento en el que se apuntan como responsables del presunto fraude al exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, y al exinterventor por no haber emitido un informe de actuación que alertara de la supuesta trama corrupta.
En un escrito "airado", según admite el propio Gómez, el exinterventor reclame que "no nos hagan pasar a todos los andaluces la vergüenza de que toda España contemple cómo el Parlamento de Andalucía ratifica un bodrio del calibre del que ha expelido la comisión de investigación".
El exinterventor, que compareció en la comisión y después ya dirigió al Parlamento un escrito de 65 folios apostillando sus declaraciones, reitera que la Intervención advirtió "hasta 15 veces de las irregularidades que se estaban produciendo" y que ninguno de los destinatarios de los informes "hizo absolutamente nada durante casi diez años (que se dice pronto) para corregirlas". Gómez insiste en que "podían haber terminado con un nido de corrupción en 24 horas, si hubieran tenido voluntad de hacerlo". "Este descuido, probablemente punible, es la verdad de este asunto, señor Presidente, y lo demás son monsergas o excusas de mal pagador".
El máximo responsable de auditar las cuentas públicas de la Junta de Andalucía durante una década asegura sentirse víctima de una "caterva de políticos cobardes y sin honor, quienes, para esquivar o encubrir responsabilidades políticas, contables y penales derivadas del fraude, no han dudado en marchar el crédito, la integridad y la dignidad de los profesionales que han trabajado a su servicio".
Gómez se pregunta también por qué no se han tenido en cuenta los informes del gabinete jurídico de la Cámara de Cuentas que aseguran que no era necesario el famoso informe de actuación, así como las declaraciones en el mismo sentido de sus dos sucesores al frente de la Intervención General de la Junta.
El resultado del dictamen de la comisión ERE podría tener consecuencias para el exinterventor en el ámbito penal, al apuntar a su responsabilidad en el presunto fraude.
