El juicio por el denominado caso Fara está llegando a su fin. La Fiscalía de Málaga presentó ayer sus conclusiones finales, en las que mantuvo las penas de cárcel para los principales imputados mientras que retiró los cargos contra dos de los procesados. Está previsto que las defensas presenten hoy su informe y el proceso quede visto para sentencia.
De los 15 imputados en este juicio, por el supuesto desvío para uso particular de más de 1,2 millones de euros procedentes de subvenciones de la Federación Andaluza de Asociaciones de Romaníes (FARA) para el pueblo gitano, dos quedarán previsiblemente sin cargos. El Ministerio Público consideró que durante la vista "no ha quedado acreditado la participación en los hechos" de Andrés A.M. y Luis M.F. Al primero se le acusaba de un delito de apropiación indebida en concurso ideal con otro continuado contra la Hacienda Pública, ambos en concurso real con un delito de falsedad; y al segundo de amenazas.
El fiscal sostuvo en su informe final que la "cúpula" de la organización la formaban cuatro personas: Valeriano G., Salvador P. Ramón V. y el que fuera presidente desde 1998, Vicente R.A., conocido como El Querillo. Para todos ellos mantuvo la acusación por apropiación indebida. Para el que fuera responsable de la federación pidió 12 años y medio de prisión por ese delito y por coacciones y amenazas contra el ex consejero de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, Isaías Pérez Saldaña, y otros funcionarios.
En el caso de otros tres imputados, empleados de Fara, la Fiscalía de Málaga planteó una condena alternativa. En este caso el Ministerio Público estimó que los tres trabajadores, teniendo en cuenta las testificales y los documentos encontrados, "tenían pleno conocimiento de lo que ocurría" aunque "probablemente no denunciaron por miedo a perder su puesto de trabajo". Por ello propuso la posibilidad de ser considerados cómplices en vez de cooperadores necesarios. El fiscal les acusa de apropiación indebida.
