La Fiscalía de Sevilla pedirá el próximo lunes dos años de prisión para un promotor por un delito de estafa, pues entregó un inmueble, supuestamente de lujo, con numerosos desperfectos y con materiales de baja calidad. Los garajes del bloque, en la calle Amador de los Ríos, no pueden ser utilizados porque no caben los vehículos.
El juicio comenzará el lunes en la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla. En el banquillo se sentará como acusado Jorge M.S., el dueño de la promotora que levantó el Edificio Azabache, en el número 52 de la calle Amador de los Ríos, que fue denunciado por varios de los propietarios de las viviendas -que fueron vendidas como de lujo, pues se construiría con materiales de primera- por los numerosos desperfectos que presentaba el inmueble a su entrega.
Además, los materiales no se correspondían con los que se indicaron en el momento de la compra -usaron "retales" de mármol- y, además, los garajes por los que pagaron no pueden ser utilizados al no tener la correspondiente licencia de Urbanismo. El motivo: no se ajustan a la normativa, pues no tienen espacio para que entren los vehículos.
Según consta en el escrito de acusación del fiscal, Secoan S.L era la propietaria del solar en el que se levantarían nueve viviendas, dos locales y siete plazas de garajes más trasteros. Sin embargo, cuando se inició la obra y, "como consecuencia de un muro medianero", la superficie de construcción se vio reducida, lo que obligó "a rectificar el proyecto inicial".
Una arqueta también condicionó que las plazas de garaje tuvieran que ser reducidas, al igual que otros elementos del edificio. Estas modificaciones "no fueron puestas en conocimiento de los compradores por la promotora", de tal forma que algunos de ellos llegaron a pagar en 1999 más de 186.000 euros por un garaje y por una vivienda de 108 metros cuadrados, cuando "la medición real era de 91".
Tras solicitarse la licencia de ocupación de viviendas a Urbanismo, éste la denegó hasta la subsanación de "diversas deficiencias". Éstas se solucionaron, pero no así las del garaje, que quedó inutilizado. Los costes de reparación ascendieron a 37.759 euros, que el fiscal reclama ahora como indemnización para la comunidad.
