La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó el lunes que la Fiscalía velará para que se proteja la intimidad de las mujeres implicadas en los procesos judiciales relacionados con las clínicas abortistas. El objetivo es "no vulnerar ningún derecho", aseguró.
De la Vega, explicó el lunes que el Ejecutivo vigilará que se respeten los derechos de las mujeres a interrumpir legalmente su embarazo y que la Fiscalía velará para que se proteja su intimidad en los procesos judiciales abiertos. "El fiscal general del Estado va a estar atento y vigilante y no vamos a tolerar que se vulnere ningún derecho de ninguna persona", afirmó la vicepresidenta.
De la Vega aseguró en declaraciones a la Cadena SER que el Gobierno va a garantizar que la ley se cumpla y que las clínicas que tienen autorización para practicar legalmente interrupciones de embarazos "puedan ejercer sus derechos y su profesión sin intimidación, sin amenazas y sin coacciones".
En este sentido, la vicepresidenta señaló que el Gobierno no va a permitir "que ninguna mujer se vea afectada en su intimidad y en sus derechos fundamentales por una campaña o actuación que trataremos de impedir con los medios que nos da la ley".
Medidas. "Desde luego vamos a garantizar que no se vulneren derechos fundamentales de las mujeres por parte de nadie, ni de las administraciones, ni de ningún otro poder del Estado", añadió De la Vega. Según la vicepresidenta del Gobierno, el fiscal general ha dado instrucciones a los fiscales para que "en ese procedimiento que está en marcha se extremen las medidas para proteger la intimidad de las mujeres".
Además, anunció que esta semana se van a reunir los representantes de estas clínicas con los ministros de Sanidad, Bernat Soria, y de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. Por otra parte, el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, ha confirmado que ha recibido órdenes del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para que se lleve a cabo una escrupulosa supervisión del proceso judicial.
En la práctica esto significa que en la labor del juez en el caso de las clínicas abortistas debe primar el respeto a la intimidad de las mujeres que han sido citadas para prestar declaración.
