Paricia de Arce (EFE)
Los interminables trámites para abrir un pequeño negocio se van acabar. Con esta intención, el Gobierno aprobó el viernes la ley española que traspondrá la Directiva Europea de Servicios que suprime la autorización previa para el inicio de una actividad, permite su ejercicio en todo el territorio español y europeo, y debe estar completa a finales de 2009.
La trasposición a la normativa española de la Directiva Europea de Servicios supondrá, sobre todo, terminar con las largas y a veces eternas esperas que autónomos, empresarios y emprendedores, al fin y al cabo, tienen que soportar cuando quieren abrir un negocio.
La nueva ley, además, acabará con otra traba incoherente en un mercado común europeo: la territorial, y permitirá a propios y extraños prestar un servicio en su provincia o en cualquier otra, en su comunidad o en cualquier otra, en su país o en cualquier otro Estado miembro de la UE.
Para un fontanero español, abrir su negocio le supone entre 15 y 240 días de espera, y los trámites administrativos le cuestan entre 100 y 2.700 euros, dependiendo de la comunidad en la que se encuentre.
Una empresa mayorista de alimentación tiene en su caso que aguardar entre 45 y 200 días antes de ponerse en marcha, y gastar entre 288 y 6.000 euros, mientras que una autoescuela, en la actualidad, sólo puede tener sucursales en una provincia, sin poder trabajar ni siquiera en la de al lado.
Estos ejemplos, proporcionados ayer por el secretario de Estado de Economía, David Vegara, son sólo una pequeña muestra de lo difícil que es abrir un negocio de servicios en España.
El llamado silencio administrativo positivo o, lo que es lo mismo, empezar a trabajar sin esperar a la autorización previa, así como la ventanilla única para todos los trámites, son los dos ejemplos claros de la prometida agilización.
El Gobierno aseguró que con la trasposición desaparecerán estos baches, y para ello hay que modificar ni más ni menos que 7.000 normas estatales, autonómicas y locales. Queda un año y dos meses para lograrlo, porque en diciembre de 2009 la trasposición tiene que ser completa.
De esta ardua labor no se van a librar tampoco los colegios profesionales, entidades con capacidad normativa que cuentan, en muchos casos, con normas o condiciones que han quedado anticuadas. Vegara puso un ejemplo gráfico: hay colegios que exigen un certificado de buena conducta para el ejercicio de una profesión. Sin duda, una condición cuestionable o difícil de explicar en pleno siglo XXI.
Los colegios cuentan con otras restricciones que habrá que evaluar, como los informes previos de estos órganos sobre un profesional o la obligatoriedad de pagar un seguro de calidad profesional con cantidades que difieren según la rama de actividad. El secretario de Estado recordó que se está elaborando una ley específica de los colegios profesionales que regulará y revisará muchos de estos supuestos y condiciones.
Otro sector que contará con reforma legal propia en un futuro próximo será el del comercio, como recordó el vicepresidente segundo, Pedro Solbes. Ya sea en esta reforma o en la del sector, Solbes señaló que a estas alturas parece claro que el "viejísimo y antiguo" problema de la doble licencia para instalar un comercio se tiene que reducir ya a una licencia única.
La intención de esta norma, según señaló el Gobierno, es la de facilitar en la medida de lo posible abrir un negocio o trabajar sin trabas a la competencia en el sector servicios, y para ello se permitirá, por ejemplo, un número ilimitado de autorizaciones.
Esta cifra ilimitada tiene una excepción: la falta de recursos naturales. Y para este supuesto, otro ejemplo: los chiringuitos de la playa. Si no hay agua potable suficiente para instalar muchos, habrá que cortar el grifo y concursar para la concesión. Solbes insistió en el calado y la profundidad que tendrá esta reforma, una auténtica "revolución mental".
