El Gobierno ha cambiado los temarios para las oposiciones de profesor de Secundaria, FP y enseñanzas específicas, previstas en Andalucía para dentro de cuatro meses y medio. El Ministerio de Educación publicó ayer en el BOE, sin previo aviso, una orden que deroga los temarios aprobados en noviembre por el Gobierno anterior y restablece "provisionalmente" la vigencia de los materiales que regían los procesos selectivos convocados hasta entonces (algunos de ellos, como los de ESO, datan de 1993).
El nuevo temario será el mismo que rigió hasta las oposiciones de hace dos años, y que expiró el curso pasado por dictado de la LOE. La Junta, con la mayor oferta pública de empleo del país (2.389 plazas), exigió ayer al ministro "la retirada inmediata de una orden cuya razón de ser es estrictamente política".
Los principales perjudicados son los 30.000 profesores que está previsto opositen en Andalucía en junio. Empezaron este periplo en verano (cuando se hizo público el primer borrador de temarios sin ser oficial), sabiendo que el pulso entre el Gobierno y la Junta a cuenta de las oposiciones podría tirar por tierra sus esfuerzos en cualquier momento. Respiraron cuando la Junta publicó la convocatoria, el 9 de enero, pero volvieron a tensionarse cuando el Gobierno pidió que se aplazara y amagó con recurrirla en los tribunales.
El de ayer fue un capítulo inesperado por todos. Los temarios para la convocatoria de este año llevaban aprobados dos meses y 23 días. Desde entonces, miles de aspirantes preparan sus exámenes, la gran mayoría en academias profesionales que ahora tendrán que frenar y empezar de cero. El precio de los temarios y de la preparación oscila entre los 165 y los 200 euros al mes. En algunos casos, los profesores que tienen contratados las academias para impartir los temarios derogados ya no les sirven -dada la especificidad de los mismos- y tendrán que reclutar a otros. Y las editoriales especializadas en temarios de oposiciones, como MAD, se enfrentan a la incertidumbre de si editan o no los nuevos materiales para una convocatoria que no saben "si se llegará a producir". Hace tres meses ya sacaron una tirada exprés, en cuanto se publicaron en el BOE los temarios, y ahora no valen nada.
La decisión del ministerio ha provocado un shock en la comunidad educativa del país, cuyos máximos exponentes en las comunidades estuvieron reunidos con el ministro José Ignacio Wert hace una semana, en la Conferencia Sectorial de Educación. En esa reunión, Wert no les informó de que el cambio de temarios ya estaba previsto. Ayer, en Pamplona, estaba reunida la conferencia general de educación, que aglutina a los viceconsejeros de las 17 regiones, y la mayoría de ellos desconocía los planes del Gobierno central.
"Concurren varias circunstancias objetivas que desaconsejan la implantación en este momento de nuevos temarios definitivos para los procesos de acceso a la función pública docente", reza la orden ministerial. Las razones son, por un lado, que el Gobierno tiene previsto una reforma integral del sistema de acceso a la función pública docente y no quiere que el nuevo modelo para seleccionar a los profesores mantenga estos temarios. Pero la razón que más indignó a la Junta es que en el "actual marco de austeridad y restricción del gasto", la "gran mayoría" de las administraciones educativas "ha aceptado la recomendación del Ministerio de Educación", que propuso no convocar oposiciones este año y acumular las plazas correspondientes a la oferta de empleo público de 2013. "Esta decisión se ha tomado en contra de las comunidades que tienen voluntad de convocar [Madrid (PP), Canarias (CC) Andalucía y País Vasco (PSOE)]. Es una decisión política", dijo el consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica.
De la Chica reaccionó con "indignación" porque tras su primera reunión con las regiones, el propio ministro desmintió que la recomendación para que no convocaran este año hubiera salido de él (dijo que se lo habían pedido la mayoría de comunidades). Y segundo, porque la orden del Ministerio de Educación emplaza las oposiciones a 2013, aunque este departamento no tiene competencias para convocar oferta de empleo público (depende del Ministerio de Hacienda). "Están creando expectativas de empleo sin poder comprometerse", dijo el consejero.
De la Chica acusó ayer a Wert de "falta de lealtad" por no haberlo anunciado antes a las regiones. El consejero se enteró por el BOE, telefoneó a su homóloga del País Vasco, que tampoco lo sabía. "Ha sido un acto de cobardía: no se han atrevido a impugnar las oposiciones y han tomado una decisión inaudita y unilateral sin consultar a nadie", explicó el consejero a El Correo. Con todo, Educación hizo una lectura positiva, pero incierta: la Junta entiende que, con esta orden, el Gobierno da por hecho que habrá oposiciones, lo cual es un signo de que Hacienda no recurrirá la oferta andaluza, que supera el límite de plazas impuesto por el Gobierno.
