Son seis las propuestas para la reforma laboral planteadas por el Gobierno central a los sindicatos y empresarios. Menos días de indemnización en los contratos de fomento del empleo estable, que se quiere generalizar; no penalizar los contratos temporales, tal y como reclama la patronal; tratar de aplicar el denominado modelo austríaco, por el que las empresas gestan una hucha de indemnización por despido para los trabajadores que pueden llevarse si cambian de puesto; subir las bonificaciones por la contratación indefinida de jóvenes de 16 a 30 años y por la conversión de contratos en formación y en prácticas en fijos siempre que esto se traduzca en una ampliación de la plantilla indefinida de la empresa; y, por último, que sea el dinero público el que costee, a través del Fogasa, parte (40%) del coste de los despidos colectivos y objetivos de todas las compañías, y no sólo de las pequeñas.
El Ministerio de Trabajo propuso generalizar el contrato de fomento del empleo estable y que su indemnización por despido sea de 33 días, tanto si la causa es objetiva -ahora se abonan 45 días- como si es disciplinaria.
Así lo anunció el coordinador del Diálogo Social del Ministerio de Trabajo, Alfonso Morón, quien entregó a las patronales CEOE y Cepyme y a los sindicatos CCOO y UGT el documento con la propuesta de reforma del mercado laboral. Preguntado si esto supone abaratamiento del despido, respondió que es una propuesta más y hay que negociarla.
Explicó Morón que la legislación fija que la indemnización por despido improcedente de un trabajador fijo es de 45 días, tanto si la causa es de carácter económica u objetiva, o si es disciplinaria. Por el contrario, precisó, este "paralelismo" no se da en el contrato de fomento de empleo estable, con 33 días para ambas causas.
Sobre este punto, el citado documento dice que para fomentar esta modalidad de contratación se puede "igualar el coste de indemnización del despido improcedente por causas económicas y disciplinarias, como sucede en el contrato indefinido ordinario".
También el Gobierno propone clarificar las causas del despido económico, y en cómo deberían regularse "ciertas prácticas" que han "desnaturalizado" los procedimientos del contrato.
También novedades que afectarían al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Éste paga un 40% de las indemnizaciones por despido procedente en las empresas de menos de 25 trabajadores. El planteamiento del Gobierno central es que esa exención (del 40%) del coste del despido de las compañías se amplíe a todas, con "carácter transitorio y excepcional". Es decir, el dinero público pagaría parte del recorte de plantilla.
Para fomentar el empleo estable, el coordinador dijo que hay dos opciones: bonificaciones iniciales -que es el sistema clásico- o la eliminación de incertidumbres respecto al coste futuro en el caso de extinciones, que es lo que pretendemos ahora.
"Quede claro que no estamos proponiendo que una empresa por un mismo trabajador se beneficie de los dos sistemas", resaltó. Lo que descartó es una reducción de cotizaciones sociales, aunque lo ha pedido la patronal.
En el documento entregado se destaca sobre el modelo austríaco que es una fórmula que podría incrementar la estabilidad en el empleo y una movilidad laboral "más sana". No obstante, no específica cómo se implantaría en el mercado español.
En cuanto a la penalización de los contratos temporales, que se rechace ahora se contradice con lo que el Ejecutivo barajaba a comienzos de año, cuando denunció que había abuso.
Los sindicatos tildan el documento de «ambiguo» y piden más tiempo
Los secretarios de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, y de UGT, Toni Ferrer, dijeron que en la reunión Morón no les hizo esa propuesta, que el documento es "muy ambiguo", y advirtieron de que no negociarán debilitamientos en las causas del despido o en su abaratamiento. Así, se quejaron de que algunos puntos clave del documento no se trataron. Para Górriz y Ferrer lo importante es que, de forma urgente, se acometa la reforma de las bonificaciones, la reducción de jornada como alternativa al despido y el fomento del empleo juvenil. El resto debería dejarse como medidas estructurales que necesitan más tiempo, por lo que respaldaron que el plazo termine en abril. Lo de finales de mes es una "cuestión orientativa", ya que lo "importante" es negociar, dijo. Así, Ferrer afirmó que la negociación es "muy difícil", y Górriz comentó que se alargarán hasta "mayo o incluso junio".
Las ETT como intermediarias y sin horas extra para el empleo parcial
Los representantes sindicales también creen que no es el momento de abordar la entrada de la Empresas de Trabajo Temporal (ETT) en la intermediación laboral, como figura en el documento del Gobierno, y se mostraron partidarios de fortalecer de manera "real" los Servicios Públicos de Empleo.
En cuanto a la contratación parcial, el Ejecutivo se inclina por eliminar las horas complementarias y sigue apostando por dos modalidades: una con horario cierto y fijo, sin posibilidad de alterarlo, y otra en la que el empresario podría cambiarlo con un preaviso mínimo y en el que se podrían acordar horas extras. Las bonificaciones a la contratación quedarían limitadas a los de horario cierto y fijo celebrados con carácter indefinido. Se mantendrían también para los de duración determinada actualmente bonificados (discapacitados, víctimas de violencia de género y personas en exclusión social).
