La representante española de la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea, Cristina Carrasco, se quedó ayer en la más completa soledad al tratar, inútilmente, de defender una propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC), que genera el rechazo unánime de las administraciones central y autonómica y de las organizaciones agrarias españolas.
Y más aún cuando se ha iniciado el debate sin tener cerrado aún el marco financiero sobre el que se sustentará y que, según los primeros cálculos, sufrirá un recorte presupuestario que rondará el 11%. Fue la primera queja generalizada que expusieron los participantes en la jornada PAC 2014-2020 Una reforma en la que España se la juega, organizada por Asaja.
Entre ellos, el presidente de la Comisión Mixta del Congreso para la Unión Europea, Miguel Arias Cañete, quien precisó que es difícil saber la aportación de cada país sin conocer la viabilidad de las finanzas de cada Estado miembro. Además, enfatizó la "complejidad" de decidir el reparto de las ayudas -si impera el sobre nacional o los sobres regionales-, que habrá que tomar "con el consenso" de las diecisiete comunidades autónomas.
No obstante, se mostró partidario de fijar un "esquema nacional" de aplicación que tenga en cuenta las particularidades de cada zona. "El apoyo a los agricultores tiene que ser el mismo en todos los territorios", aseveró, aunque sin mojarse en cuál será la estrategia a seguir en este espinoso asunto. Además, reseñó que la primera iniciativa que adoptará el nuevo Gobierno en materia agraria será reunirse con las regiones y las organizaciones para fijar las modificaciones que España enarbolará como alternativa a la propuesta de Bruselas.
Evitar la pelea. Por su parte, el secretario de Estado de Medio Rural del Ministerio, Josep Puxeu, se posicionó a favor de un reparto entre regiones agronómicas para evitar una batalla entre comunidades por las ayudas directas, que representan un 48% de la renta de los agricultores en algunos cultivos. Asimismo, consideró que un reparto uniforme, lo que se conoce como tasa plana, sería "catastrófico", ya que no se primaría la actividad del agricultor en su explotación sino la hectárea.Porque ése es otro de los puntos calientes que no gusta nada.
Aunque la representante de la CE defendió que los aspectos medioambientales se incluyan en el primer pilar de la PAC (ayudas directas) en su afán por introducir una mayor sostenibilidad y una agricultura más ecológica, la consejera andaluza de Agricultura, Clara Aguilera, consideró que es "tremendamente injusto que se hable ahora como si no se hubiera hecho política medioambiental alguna" y mostró su preocupación por el trasvase de fondos entre los dos pilares (el segundo es el correspondiente al desarrollo rural).
Aguilera se preguntó además si, en el actual contexto de crisis, era realmente necesario emprender una reforma de tal calado que afecta a todos los agricultores y a todos los sectores, al tiempo que preguntó por qué se dispensa un trato desigual a la PAC frente a las políticas de cohesión. Se mostró preocupada por la cofinanciación -en la que participan los gobiernos autonómicos en el segundo pilar de la PAC- y pidió un "trato diferenciado" entre las regiones competitivas y aquellas, como Andalucía, que se estrenan fuera del grupo de las convergentes con un estatus de transición.
Sobre los problemas para cofinanciar se pronunció el consejero de Agricultura de Baleares, Gabriel Company, comunidad que ya ha dejado de sacar ciertas líneas de ayudas ante la insostenibilidad de las cuentas públicas.
El europarlamentario del PP Gabriel Mato no quiso aventurar si, al necesitar ahora la reforma el consenso del Parlamento europeo y no solo del Consejo de Ministros, la situación podría prorrogarse, opción que defendieron los intervinientes.
También el presidente de Asaja, Pedro Barato, quien reclamó más tiempo para corregir el impacto negativo de la reforma y reseñó que "no podemos renunciar a producir". Apeló a mantener claramente diferenciados los dos pilares de la PAC, así como la definición de "agricultor activo", la fijación de las hectáreas admisibles, que 2011 sea el año de referencia, y nada de tasa plana. El debate continuará.
