El Gobierno central ha remitido una carta a la Junta de Andalucía en la que claramente rechaza pagar la deuda contraída con la comunidad según las inversiones pendientes de ejecutar de los Presupuestos de 2008 y 2009. Igualmente ignora la cláusula del Estatuto de Autonomía que obliga a un cupo de inversiones según la población andaluza. El consejero de Economía, Antonio Ávila, desveló ayer la existencia de esa misiva firmada por el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta. La carta, con fecha de registro del 25 de junio, deja claro que el Gobierno central no reconoce la deuda de 1.504 millones de euros reconocida por el anterior Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero poco antes de las elecciones y para la que no se estableció ningún mecanismo de pago.
La carta se ampara en una sentencia del Tribunal Constitucional y sostiene que el Estatuto de Autonomía "no puede tener en modo alguno (...) efectos directamente vinculantes para el Estado" y deja claro que las comunidades no pueden dirigir las inversiones estatales. La Comisión Bilateral de Cooperación Junta de Andalucía-Estado, el órgano donde se firmó el reconocimiento de la deuda, "carece de competencias en materia de inversiones, quedando asignada en una comisión que no ha sido constituida, como es la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Comunidad Autónoma (CMAEF)", añade la misiva. El Gobierno asume pues que no hay "ningún compromiso de pago" con Andalucía.
El Estatuto de Autonomía de Andalucía fija la obligación de que los Presupuestos Generales del Estado destinen una inversión a la comunidad, durante siete años, correspondiente al peso de su población (17%). En función de esta claúsula, Junta y Gobierno firmaron una deuda de 1.504 millones. Cantidad que fijóla Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuesto el pasado 14 de octubre. Un mes antes de las elecciones. El Gobierno de Mariano Rajoy no reconoce esa cantidad y además en los actuales Presupuestos estatales se ha obviado cualquier reclamación escrita en los Estatutos, declarando las inversiones comprometidas como "no disponibles".
El consejero Antonio Ávila consideró esta decisión "absolutamente inconcebible", anunció que pondrá esta carta en conocimiento de los servicios jurídicos de la Consejería de "para comprobar que lo que se dice no se atiene a la realidad", y además solicitará una reunión a Beteta "para que me lo pueda decir a la cara". Ávila envió una carta al Ministerio el pasado 5 de junio solicitando los 1.504 millones de euros y recordando que el Parlamento de Andalucía había instado al Gobierno a pagar por unanimidad. La negativa del Gobierno a pagar la deuda aviva la confrontación y alimenta el discurso político de maltrato a Andalucía desde el PP.
