La peor noticia posible en el peor momento posible. La Comunidad Valenciana, un tradicional feudo del PP, pidió ayer el auxilio del Estado porque no tiene dinero. No hay liquidez. Para que se entienda: una región que pide el rescate a su propio país, como si España lo hiciera con Europa. Se trata de una asistencia financiera que implica, a su vez, un mayor control del Gobierno central sobre la autonomía valenciana y que arranca en sus cuentas (presupuestos autonómicos). El problema no es que sea la primera, sino que después vendrán más.
En efecto, Valencia se convirtió ayer en la primera autonomía en gritar socorro al Ejecutivo central. ¿Cómo? Pidiendo la adhesión al mecanismo de liquidez para las regiones aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión del pasado 13 de julio. Y la razón: su urgente necesidad de hacer frente a los vencimientos de deuda en 2012 y, además, poder "atender el pago de otros proveedores, entre ellos farmacias y muchos otros". En román paladino: que no tiene dinero para nada.
Así lo acordó el Gobierno valenciano en la reunión del Pleno del Consell, informó en la rueda de prensa posterior el vicepresidente y portavoz, José Císcar. Destacó que tal adhesión "es voluntaria" y aportará seguridad en el cumplimiento de las obligaciones financieras de la Generalitat. Y resaltó que semejante petición evitará el encarecimiento de los préstamos ante una hipotética próxima renegociación, que ahora ya no será necesaria. Pero de haberlo sido, se hubiera detraído liquidez de otras partidas del presupuesto, como las dedicadas a las políticas sociales, para así pagar intereses, reconoció.
La Generalitat aclaró que no ha pedido ningún rescate, sino la adhesión a ese nuevo mecanismo de financiación para inyectar liquidez en las comunidades que, según explicaron fuentes del Gobierno valenciano, seguramente realicen también otras autonomías. Lamentaron, además, el "interés de algunos sectores de la sociedad por desprestigiar " a la Comunidad Valenciana.
Se enviará mensualmente información a Hacienda, a través de la Intervención General, de la ejecución del plan de ajuste aprobado en abril por el Consell y por el Consejo de Política Fiscal y Financiera para evitar que exista "la menor duda" sobre la "buena disposición" de esta comunidad, dijo José Ciscar.
El vicepresidente del Consell recordó que ese fondo cuenta con un máximo de 18.000 millones de euros para 2012, está gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y financiado por el Tesoro y que, además, será parcialmente dotado a través de un préstamo de Loterías y Apuestas del Estado por un importe de 6.000 millones.
Igualmente, apuntó que las autonomías que deciden adscribirse a ese mecanismo "han de presentar y acordar con el Ministerio de Hacienda un plan de ajuste que asegure el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de deuda pública, así como el reembolso de las cantidades aportadas por el fondo". Las comunidades "quedan sujetas al control financiero y fiscal".
También el propio presidente de la comunidad, Alberto Fabra, desmintió que se hubiera solicitado un rescate, sino la adhesión al fondo de liquidez. El conseller de Economía, Máximo Buch, por su lado, señaló que "nosotros no tenemos nada que ocultar", en referencia al control de las cuentas por parte del Estado. Vaticinó la suma de otras regiones a este mecanismo de auxilio.
El anuncio parece que cogió a Cristóbal Montoro por sorpresa, a tenor de sus respuestas a los periodistas en la habitual rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Negó que la petición suponga "una intervención", aunque sí explicó que Valencia tendrá que hacer frente a nuevas condiciones. ¿Cuáles? Sin especificar.
Mientras, desde el PSOE de la comunidad fueron muy duros, e incluso hablaron de que "con el rescate se ha suspendido la autonomía valenciana".
Pero ya hay otras regiones que sopesan acogerse al mecanismo de liquidez, como Murcia. Lo hará si lo ve oportuno, según dijo ayer su Ejecutivo.
Nada parece ser suficiente para saciar a unos mercados que no relajan la presión sobre España ni un ápice. De nada sirvió que ayer el Eurogrupo aprobara el rescate para la banca española ni tampoco ha surtido el esperado efecto balsámico el mayor recorte de la democracia valorado en más de 60.000 millones. Todo lo contrario. Los mercados volvieron a arremeter con virulencia contra el país, arrastrando a la bolsa española, que se hundió casi un 6%, aupando la prima de riesgo hasta una insostenible tasa por encima de los 600 puntos básicos y situando la rentabilidad del bono en el 7,28%.
El Íbex 35 se hundió un 5,82% al cierre de mercado y protagonizó el mayor desplome desde mayo de 2010, cuando José Luis Rodríguez Zapatero se vio obligado a virar su política económica ante la presión de los mercados. Dos años después, y tras un severo ajuste, el selectivo se despidió de los 6.300 enteros y acumuló una pérdida del 6,3% en la semana.
La gran banca se precipitó más de un 7%, con BBVA perdiendo un 7,8% y Santander, un 7,32%. Telefónica se dejó un 7,44%, en tanto que Bankia cumplió su primer aniversario en bolsa con un retroceso del 10,43%, hasta los 0,618 euros, y lideró los recortes. Ningún valor se salvó.
Las dudas sobre España se acentuaron después de que el Gobierno prolongara hasta 2013 la recesión y la Comunidad Valenciana anunciara que solicita liquidez al Estado central. Estos hechos pasaron factura en el mercado de deuda pública, con la prima de riesgo desbocada y marcando sucesivos máximos históricos. El diferencial del bono español a 10 años respecto al alemán alcanzaba los 610 puntos básicos, tras haber tocado los 612,5, y la rentabilidad llegaba al 7,28%. La incertidumbre se extendió a las principales plazas del Viejo Continente, pues todas cerraron en negativo. París retrocedió un 2,14%, Fráncfort cedió un 1,9% y Londres perdió un 1,09%.
Y hasta el primer ministro italiano, Mario Monti, atribuyó los elevados costes de financiación que afronta Italia en los mercados de deuda a las dudas sobre la capacidad de España de evitar un rescate completo, al estilo de los aplicados a Grecia, Irlanda o Portugal.
El analista de XTB Pablo del Barrio avisó de que sin la ayuda del BCE en el mercado secundario de deuda la "irracionalidad" se elevará cada día. "El BCE debe intervenir", aconsejó.
Por su parte, el experto de IG Markets Daniel Pingarrón apuntó a una "solución europea" para frenar el castigo de los inversores a España, al considerar que el Gobierno está "cumpliendo". "Hay que poner sobre la mesa los acuerdos de anteriores cumbres".
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, reconoció que la situación de "insostenible" porque el interés que debe pagar España para colocar su deuda es ya "inabordable".
García-Margallo llamó al BCE a tomar un papel "mucho más fuerte" y dejar de ser un banco "clandestino" que en estos momentos "no está haciendo nada para parar el incendio de la deuda pública". "Los especuladores no tienen freno", reconoció el ministro. La preocupación no puede ser más grande.
