El Gobierno central quiere que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte lleve la gestión directa de las becas generales, procediendo a la suspensión de los convenios de colaboración que tiene con Cataluña y Andalucía para la tramitación de estas ayudas, con el objetivo de ahorrar 2,8 millones de euros. Así lo indica el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), que advierte de que la firma de los convenios con estas dos autonomías "genera retrasos" en la gestión de las becas, de modo que los beneficiarios de Andalucía y Cataluña --becas universitarias y no universitarias-- las reciben "sensiblemente más tarde que quienes cursan sus estudios en otras comunidades autónomas". En concreto, pone como ejemplo que, a fecha de la memoria de la reforma --abril de 2013--, en la comunidad autónoma de Cataluña los estudiantes beneficiarios de becas no universitarias no las habían recibido todavía para ese curso escolar 2012-2013, pese a que faltaban tres meses para que terminara. El convenio con Cataluña --becas universitarias y no universitarias-- se firmó por primera vez en el curso 2005-2006 y con Andalucía --becas no universitarias-- en el 2009-2010. En virtud de estos acuerdos, el Ministerio de Educación realiza las convocatorias, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y estas autonomías sumen las funciones de tramitación, pago, inspección, verificación y resolución de los recursos correspondientes a las becas. Profesores de religión. El Gobierno ha decidido traspasar la gestión de los profesores de Religión de Infantil y Primaria a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Canarias y Cantabria, que en su día renunciaron a asumir esta competencia, porque considera, por un lado, que el Ministerio de Educación no puede controlar su labor "adecuadamente" y, por otro, que así ahorrará dinero a la Administración General del Estado. Efectuar este traspaso, a juicio del Gobierno, sería "llevar su puro y debido efecto la asunción de las competencias que en materia de enseñanza no universitaria establecen los Estatutos de Autonomía" de estas comunidades, conforme argumenta la subcomisión de Duplicidades Administrativas autora del documento. Además, asegura que el cambio supondrá un ahorro, aunque no concreta de qué importe. "No es fácil determinar el ahorro que se va a producir con la puesta en marcha de la medida, pero si es cierto que el coste del profesorado de religión se ha ido incrementando en los últimos años y el número promedio permanente de profesores sustitutos se considera muy elevado, con lo que el traspaso va a suponer, sin ninguna duda, un ahorro de costes para la Administración General del Estado", dice el informe.
