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El Gobierno tira de créditos para pagar la prestación por desempleo

El Ejecutivo recurre a préstamos, que no computarán como déficit, por la mayor demanda de la ayuda de 400 euros y al alquiler.

el 14 oct 2011 / 19:40 h.

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El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto por el que se concede un suplemento de crédito de 3.567,55 millones de euros a los Servicios Públicos de Empleo, de los que 1.648,19 millones responden al concepto de compensación por pérdida de recaudación y otros 1.919,36 millones por obligaciones de pago en materia de subsidio por desempleo y Renta Activa de Inserción, también conocida como la ayuda de los 400 euros.

Al término del Consejo de Ministros, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, explicó que no computará como déficit público en 2011, ya que se incluyó en el de 2010 con cargo a la Tesorería de la Seguridad Social.

Según Salgado, el Gobierno decidió en aquel momento que puesto que había tesorería suficiente en la Seguridad Social, esta instancia asumiría el déficit. "Ahora es necesario hacer el reequilibrio de tesorería para que la Seguridad Social pueda hacer frente a estas obligaciones", dijo.

El decreto también incluye otras partidas de crédito más pequeñas destinadas a cubrir otros gastos imprevistos como el desvío del pago en la renta básica de emancipación y la operación en Libia.

Salgado concretó que el Real Decreto Ley destina un suplemento de crédito de 162,14 millones a los servicios de empleo para atender los compromisos del pago en 2011 de la Renta Activa de Inserción, ante una demanda mayor de la esperada. Así, frente a las 131.000 personas previstas inicialmente, han sido 180.000 las que efectivamente la han solicitado.

Además, el decreto contempla créditos extraordinarios por valor de 654 millones para hacer frente al desvío de algunas partidas y gastos imprevistos en los Presupuestos, y un acuerdo para la no disponibilidad de crédito en todos los ministerios por esa misma cantidad para evitar aumentos en el déficit público.

Así lo explicó Salgado, que abundó en que este acuerdo de no disponibilidad permitirá que los desvíos de gasto en algunas partidas como la renta básica de emancipación o los gastos no previstos, como el de las elecciones del 20 de noviembre no eleven el déficit por encima del 6%.

De esos 654 millones, 162 irán al Servicio Público de Empleo Estatal para hacer frente a la prórroga de la ayuda de 400 euros a parados sin prestaciones que, al ser aprobada en 2011, no tenía cobertura presupuestaria. Y de los 491 millones restantes, 260 millones se destinarán al Ministerio de Sanidad, mientras que Educación recibirá 20 millones y Fomento 86,35 millones por el mayor gasto en la renta básica de emancipación y la merma de recursos por la participación española en la operación de Libia.

Salgado reseñó que el 6% es un objetivo "irrenunciable y ambicioso" y adelantó que el Estado va a contar con 4.000 millones extra este año gracias a 2.000 millones procedentes de la subasta del espectro y otros 2.000 millones que procederán de un gasto menor al previsto en el pago de intereses de la deuda.

"Esto da un margen de cuatro décimas al Estado", explicó la vicepresidenta económica, tras asegurar que esta cantidad servirá para realizar los trasvases de Tesorería a la Seguridad Social y, al mismo tiempo, para garantizar una "capacidad suficiente" en la Administración central y una situación mejor a la presupuestada de cara al cierre del año.
De hecho, Salgado descartó la posibilidad de que la falta de ingresos por la suspensión de la salida a bolsa de Loterías y el aplazamiento de la licitación de los aeropuertos de Barajas y El Prat obligue a tomar nuevas medidas para cumplir con el déficit, que además no se podrían poner en marcha por falta de tiempo.

En este sentido, recordó que las emisiones de deuda del Tesoro marchan "excelentemente", puesto que el organismo ya ha cumplido con una parte "muy muy importante" de sus objetivos, de forma que el país cuenta con un "colchón suficiente" para absorber la falta de ingresos del aplazamiento de estas operaciones. "No existe ninguna preocupación", indicó.

Rebaja de S&P. La vicepresidenta aludió al recorte de la calificación de España por parte de la agencia Standard & Poor's, de la que apuntó a su gran calidad, y pidió a las empresas que apliquen "todo lo bueno" que tiene la reforma laboral tras haber considerado S&P que es "incompleta". Salgado lamentó que S&P "no haya valorado" el contenido de la reforma laboral, de la que defendió su carácter "profundo" y de la que dijo además que necesita un tiempo para mostrar sus efectos. Aun así, indicó que la rebaja de la nota se debe principalmente a factores externos, relacionados con las condiciones financieras de la Zona Euro.

El Consejo de Ministros también aprobó la fusión de los fondos de garantía de depósitos de bancos, cajas y cooperativas en uno solo, que además de garantizar los ahorros de los españoles a razón de 100.000 euros por entidad y depositante, asumirá las pérdidas futuras derivadas de la reestructuración financiera.

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