El Juzgado de Instrucción 14 ha decidido dejar sin efecto el auto de apertura de procedimiento abreviado con el que daba por cerrada la investigación por las supuestas facturas falsas de la Federación de Vecinos Unidad, después de que la Fiscalía de Sevilla haya apoyado parcialmente algunas de las pruebas que el PP, que ejerce la acusación particular, pidió en el recurso contra el citado auto.
Según han explicado fuentes judiciales, la resolución del magistrado se va a comunicar a las partes en estos días y en la misma se determinarán cuáles son las pruebas que finalmente se van a practicar. Por ahora, el fiscal en su informe ha decidido apoyar dos de ellas, "pese a su informe precedente", en el que solicitaba el archivo de la causa para el ex edil Manuel Gómez Lobo y el ex asesor del alcalde Domingo Enrique Castaño.
En su escrito al juzgado, el PP aportaba dos nuevas facturas de 522 y 1.295,12 euros que según la documentación remitida por la copistería Copyur, con la que habitualmente trabajaba Unidad, supuestamente estaban duplicadas con dos versiones diferentes. Ahora la Fiscalía, según informó ayer en un comunicado, pide "verificar de forma exhaustiva si algunas de las facturas de Copyur cuestionadas en el recurso se encuentran en algún expediente de cuentas justificativas de las subvenciones concedidas a Unidad en los años 2001, 2002, 2003 y 2004". Asimismo, solicita que se coteje la documentación contable aportada por la papelería, "en relación con ciertas facturas, de forma que se pueda determinar si se corresponden con entregas reales de materiales y pagos realizados por Unidad a Copyur".
Las fuentes judiciales no precisaron si el magistrado va a aceptar estas pruebas en concreto, pero sí que va a dejar sin efecto el auto de apertura de juicio oral y continuar con la instrucción. De esta forma, habrá que ver qué ocurre con la implicación de Gómez Lobo y Castaño, para quienes se había dictado el sobreseimiento de la causa en el citado auto, junto una trabajadora de Unidad y los responsables de la copistería. En cambio, el instructor procesó a la ex presidenta de Unidad Ángeles Nevado; su esposo, Ángel Cervera, y la que fuese trabajadora de la organización Josefa Prado por un delito continuado de falsedad en documento oficial, ante las supuestas facturas duplicadas para justificar subvenciones de la Diputación y el Ayuntamiento.
