María José Campanario y su madre, Remedios Torres, no ingresarán en prisión tras ser condenadas ayer a un año y once meses de cárcel por considerar el juez que son cooperadoras necesarias de un delito de falsedad en documento oficial y autoras de un delito de estafa en grado de tentativa, condenándolas a un año y siete meses de prisión por el primero de ellos y a cuatro meses por el segundo. Al tratarse de una pena inferior a los dos años, Campanario y su madre evitan entrar en prisión. El fiscal había pedido para ellas dos años y nueve meses.
No obstante, su abogado, Francisco Baena, anunció la intención de recurrir la sentencia, ya que todo aquello que no sea "un pronunciamiento absolutorio" no estaba previsto por él ni por sus clientes, que se consideran "inocentes de todo".
Aun así, señaló que lo primero que va a hacer "por elemental respeto al tribunal" es estudiar detenidamente la sentencia, reiterando que la recurrirá "al apartarse de esa propuesta absolutoria que hemos mantenido desde el primer día", ya que la resolución no es firme.
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz condenó asimismo a nueve años y medio de prisión a Francisco Casto, el inspector médico encausado en el juicio de la Operación Karlos, y a cuatro años de cárcel a Carlos Carretero, al que se considera cerebro de la trama.
Según la sentencia, Carretero es cooperador necesario de un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso con un delito de estafa, Casto, de un delito continuado de falsedad en documento oficial y un delito de actividades prohibidas a funcionario público en concurso con un delito de estafa, así como de otro delito de cohecho.
De los 25 acusados en el marco de esta operación, quince llegaron a algún tipo de acuerdo con el Ministerio Fiscal, entre ellos Carretero y su pareja, Elisa Calvente, así como José Luis López el Turronero. La Audiencia ha condenado a 18 de los acusados a penas que van desde los dos meses y 20 días de prisión a los nueve años y medio. Ocho acusados han sido absueltos.
El juicio de la Operación Karlos -por una supuesta trama organizada dedicada a la concesión de pensiones por incapacidades laborales mediante procedimientos ilegales- comenzó el 11 de abril y surgió a raíz de unas escuchas telefónicas que se le estaban realizando a Carlos Carretero en una investigación por otra causa, la Operación Halcón.
Este hecho motivó que las defensas reclamaran la nulidad del proceso y el sobreseimiento de la causa, aunque el juez, Manuel Grosso, dio por buenas las escuchas y la investigación.
La Audiencia considera probado que Carretero ideó un plan para beneficiarse económicamente de forma ilícita, mediante la obtención fraudulenta de pensiones de incapacidad laboral o invalidez del Instituto Nacional de la Seguridad Social para personas a las que previamente captaba y a las que pedía a cambio determinadas cantidades de dinero. Para ello se puso de acuerdo con Casto, inspector médico de la Unidad de Valoración Médica de Incapacidades de la Junta, adscrito a la Delegación Provincial de Salud de Cádiz.
Carretero se encargaba de contactar con personas, que en numerosos casos no reunían los requisitos legalmente exigidos, a los que proponía la obtención segura de una pensión a cambio del pago de grandes sumas de dinero por gestionar la tramitación de los expedientes.
En ellos Casto emitía informes en los que, "falseando la situación real de los interesados con exageración de sus diagnósticos o basándose en informes médicos que sabía falsos por haber instado su confección a terceros acusados que los emitían sin exploración alguna, consignaba un estado de salud con padecimientos que conllevaban la propuesta de reconocimiento de algún tipo de incapacidad laboral". Casto y Carretero lo hicieron al menos en 16 ocasiones, la primera de ellas en 2003 en beneficio de Carretero, que había sido jefe de la Policía Local de Ubrique. Se concertó con Casto para obtener un grado de incapacidad y una pensión superior a la que le correspondía.
18.000 euros, un empleo falso y una caída inventada
La Sala considera probado que el Turronero coincidió con Campanario y su madre en una cena y les ofreció a su amigo Carretero para que le gestionara una pensión, pese a que esta última “no reunía los requisitos para obtenerla por incapacidad laboral, pues ni siquiera trabajaba ni había cotizado el tiempo necesario”. Carretero exigió 18.000 euros. Casto y Carretero decidieron dar de alta en la Seguridad Social a Remedios Torres, haciéndole Carretero un contrato ficticio en dos de sus empresas, sin que conste que este extremo fuera consultado con las acusadas. Así, le dio de alta como limpiadora aunque no desempeñó trabajo alguno, un extremo del que finalmente informaron a Campanario, a quien se le reclamó los seguros sociales, a lo que ella se negó. Horas más tarde manifestó telefónicamente su enfado a el Turronero, a quien pidió que parara todo y le devolviera su dinero, si bien “terminó aceptando la situación y dando su conformidad con que las gestiones para la consecución de la incapacidad laboral de su madre continuaran”.
Carretero y Casto lograron que un médico hiciese un informe simulado de que había atendido a Torres de una torcedura de tobillo y una caída en una calle de El Puerto de Santa María, que no tuvo lugar. Más tarde fue diagnosticada de un esguince cervical y se le extendió un parte de baja “sin haberla visto”. Fue citada por una doctora a la que corroboró los datos que “sabía que eran falsos”. La doctora estimó necesaria una prueba que Carretero y Casto acordaron que pasara la madre de la compañera sentimental de Carretero. No ha quedado acreditado que Campanario y su madre estuvieran al corriente de ello.
