Es la primera vez en España que un tribunal obliga a vacunar a unos niños en contra del criterio de sus padres. La sentencia superpone el derecho colectivo de la "salud pública" al de la integridad física de los niños, aceptando que en este caso concreto se dan los únicos atenuantes en los que puede relegarse un derecho fundamental protegido por la Constitución: "que exista un fin constitucionalmente legítimo", "que esté amparado en la ley" y que haya "razones de urgencia y necesidad".
A finales de octubre se registró un caso de sarampión en una alumna de 13 años del colegio de Infantil y Primaria Gómez Moreno, de Granada. Una semana después había 12 contagiados más, algunos de ellos ingresaron en el hospital y la Consejería de Salud empezó a hablar de epidemia. Las familias del colegio siguieron eludiendo la vacunación y el contagio se propagó hasta alcanzar a 46 personas: 35 niños (17 son menores de 15 meses) y 11 adultos (profesores y padres), 14 tuvieron que ser hospitalizados.
A estas alturas, Salud ya había denunciado el caso en los tribunales. La consejera María Jesús Montero explicó ayer en el Parlamento que son cinco familias las que se niegan tajantemente a que vacunen a sus hijos por ser contrarias a la "vacunación preventiva". Las otras 30 simplemente habían eludido personarse en el centro escolar para recibir las inyecciones. Antes de acudir al juez, Salud envió 79 burofaxes a las familias que no habían acreditado el estado de vacunación de sus menores, pero la mayoría no fueron contestados.
El juzgado contencioso número 5 de Granada autorizó ayer al personal sanitario para que vacunase a los 35 alumnos, "bien en un centro de salud, bien en el domicilio de los menores". El magistrado advierte de que en el proceso de vacunación no debe darse "en ningún caso un trato inhumano o degradante", y para ello autoriza a que el personal sanitario especializado acuda acompañado de agentes de la Policía "si fuere necesario".
La consejera dio ayer de plazo hasta el martes próximo para que todos los niños estén ya vacunados, a pesar de que la sentencia no es firme, y que los padres todavía tienen 15 días para recurrirla. Según fuentes de Salud, el fallo es "ejecutivo", esto es, puede ir cumpliéndose el dictado del juez y si finalmente los padres recurren y el magistrado termina dándoles la razón, la administración tendría que indemnizar económicamente a las familias. Si a pesar de todo, los padres incumplen el plazo impuesto por Salud, la Junta pondrá de nuevo el caso en conocimiento del juez "para que adopte otras medidas si lo estima conveniente".
Calendario de vacunas. Montero quiso dejar claro que todas las decisiones que Salud ha adoptado en el caso del sarampión de Granada han sido "excepcionales", alentadas por la urgencia de cortocircuitar cuanto antes el brote epidémico que no dejaba de crecer.
Salud adelantó el calendario de vacunación en el entorno próximo al colegio afectado, para que la dosis se inyectara a los niños a partir de los 12 meses, y no de los 15, como es habitual. También se empezó a vacunar a los bebés de seis a 11 meses, y se mantuvo la dosis recordatorio a los tres años. "Es una medida preventiva que sólo aplicamos para este colectivo de Granada. El sistema inmunitario a estas edades es muy inmaduro y es necesario repetir la vacunación para que la respuesta inmunitaria a la vacuna proporcione una protección completa", dijo ayer la consejera.
El juez dio por válido que la protección de la vacuna es del 94 al 98% en niños inoculados a partir de los 12 meses, y del 99% a partir de los 15. Un 10% de los vacunados presenta fiebre entre los 5 y los 12 días después de la inyección.
