La Justicia ha dado carpetazo a la denuncia por el contrato para construir las pistas de la final de la Copa Davis. Después de que la Fiscalía solicitase el sobreseimiento provisional del caso, el juez ha decidido dictar el archivo. Los denunciantes, que ahora pueden recurrir la decisión, abrieron un proceso penal contra el alcalde, Juan Ignacio Zoido, y el presidente de la Federación de Tenis, José Luis Escañuela, entre otros, por la adjudicación irregular de los trabajos. El magistrado, en cambio, no cree que hay indicios de delito.
La empresa Impersport, que tradicionalmente ha sido patrocinadora de la Federación de Tenis y que arrastra un conflicto con ésta por el impago del contrato de patrocinio, denunció a Zoido, Escañuela y el director general de la Federación, Marcos Romagosa, por los delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, después de que el contrato fuera otorgado a la empresa Greenset (propiedad del extenista Javier Sánchez Vicario). El titular del Juzgado de Instrucción número 2, Carlos Mahón, decidió ayer archivarla al considerar que "no hay indicios de delito", según confirmaron fuentes judiciales a este periódico.
La decisión judicial se produce tras recibir un informe del Ministerio Público en el que se solicitaba el sobreseimiento después de analizar toda la documentación del caso y tras haber tomado declaración como testigo al funcionario del Instituto Municipal de Deportes (IMD) encargado de la gestión de la Davis. De esta forma, el magistrado hace suyos los argumentos del fiscal, considerando que el procedimiento seguido para adjudicar los trabajos cumplía todos los requisitos de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, ya que el contrato era correcto, sin que se apreciara ninguna irregularidad.
Así, sostiene que finalmente tanto el Ayuntamiento como la Federación optaron por la oferta que más se ajustó a sus intereses. Esto, en cambio, no significa que la empresa Impersport no pueda reclamar ante la vía contencioso-administrativa, si cree que resultó perjudicada en el concurso abierto. Asimismo, puede presentar un recurso, incluso ante la Audiencia, para pedir que se reabra el caso.
En su denuncia, presentada el 10 de noviembre, Impersport relataba que el 26 de octubre concertó por "correo electrónico" un "presupuesto-contrato" con el IMD, para construir la pista por 127.500 euros. Según el protocolo de colaboración entre el Ayuntamiento y la Federación, recogía la denuncia, los trabajos se realizarían "por la empresa Impersport o aquella otra que designe la RFET". Sin embargo, el 7 de noviembre el funcionario encargado informó a Impersport que las condiciones de contratación habían cambiado al haber otra empresa, Greenset, que podía hacer las pistas. Así, tras una segunda propuesta de 115.000 euros, la empresa fue informada de que se iba convocar un "concurso público", por lo que Impersport entregó su "tercera" propuesta por 94.580,60 euros, tras lo que le comunicaron "telefónicamente" que eran los adjudicatarios", aunque finalmente fue Greenset. El Consistorio sostuvo, en cambio, que con Impersport no había un contrato que les comprometiese.
