El Juzgado de Instrucción número 7 de Sevilla ha requerido a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que aporte a la causa investigatoria abierta el expediente administrativo iniciado a raíz de una denuncia que propició la inspección de la escuela infantil 'Las Tres Torres' de Sevilla Este, contra la cual Educación resolvió comenzar el proceso de revocación de la subvención por el "desajuste" experimentado entre la comida servida en los menús y el número de niños que disfrutaban de este servicio.
Fuentes del caso han informado a Europa Press de que este paso se ha tomado tras la admisión a trámite de una denuncia interpuesta por varios padres, a la que posteriormente se han ido adhiriendo afectados hasta llegar a la veintena los niños cuyos progenitores han decidido denunciar la situación.
La representación jurídica de los padres, en este sentido, pretende, una vez que éstos hayan ratificado las demandas -lo que se llevará a cabo a partir del próximo 17 de junio y durante varios días de la próxima semana-, solicitar como medida cautelar la clausura de estas instalaciones, así como aportar a la causa documentos concretos, como los informes médicos de los menores, en algunos de los cuales se habrían detectado trastornos alimenticios y problemas de crecimiento.
Hay que recordar que la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, a instancias de la Fiscalía de Menores -que abrió un expediente de protección de menores en torno a este caso-, decidió abrir diligencias de investigación por un presunto delito de malversación a la escuela infantil referida.
No obstante, y además de la referida demanda elevada a los juzgados, los padres no descartan otro tipo de medidas más adelante, en concreto contra la administración, ya que "en tres meses no hemos tenido constancia de nada y si se certificó que lo denunciado era cierto esos chiquillos se han pasado tres meses sin revisiones y comiendo lo mismo", han apuntado los padres de los niños afectados.
Por su parte, el delegado provincial de Educación ya expuso a Europa Press que la Junta tuvo constancia de este hecho en el mes de marzo, por lo que se abrió un proceso de investigación que tuvo como primera conclusión el envío a la Fiscalía por parte de la administración autonómica de informes sobre lo sucedido, en base a la comisión de un presunto delito.
Entretanto, explicó Mougán, Educación llevó a cabo un seguimiento del centro para constatar si se producía una mejoría de la situación. De hecho, subrayó que la inspección ya ejecutó un requerimiento que la dirección del centro "ha obviado", por lo que se resolvió instruir el reseñado expediente.
