El mapa de las cajas se tambalea después de que ayer el grupo de entidades Banco Base saltara por los aires, obligando a marchas forzadas a recomponer la situación y a movilizar al resto para que salgan al rescate de las cajas sin parejas, a saber, la CAM, Cajastur, Caja Cantabria y, por último, Caja Extremadura. A partir de ahora, deberán presentar urgentemente los planes alternativos al supervisor, el Banco de España.
El emplazamiento del órgano supervisor se produce después de que las asambleas de Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura rechazaran ayer la segregación de su negocio financiero a favor de Banco Base, por lo que la integración ha quedado frustrada, pese a que la asamblea general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) había dado ya su visto bueno.
El Banco de España explicó que, tras la disolución de la fusión que iba a dar lugar a la tercera caja española por volumen de activos, el proyecto de capitalización remitido por Banco Base el pasado lunes 28 de marzo para cumplir con las nuevas exigencias establecidas por el Gobierno "ha quedado sin efecto".
De hecho, Banco Base era el único proyecto de integración de cajas en el que no se habían adoptado todos los acuerdos y las autorizaciones necesarias para que el proceso fuera irreversible, especificó el organismo regulador de los mercados.
En cuanto a las participaciones preferentes por importe de 1.493 millones de euros suscritas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en diciembre de 2010, el Banco de España precisó que aún no se había realizado su desembolso, ya que estaba supeditado a que se cumpliera la totalidad de las condiciones del contrato.
Las entidades deberán ahora enviar de manera independiente sus cuentas al organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez para que evalúe su situación de capital de cara al cumplimiento de las nuevas exigencias establecidas por el Gobierno, y se mantendrán a la espera de que el instituto emisor actúe ante una situación que consideran excepcional y sobrevenida.
Se trata de la primera vez que fracasa un proyecto de fusión emprendido por los órganos de gobierno de las cajas sujetas a la reestructuración financiera, operación que iba a dar lugar a la tercera caja española con activos por valor de 125.000 millones en activos.
Banco Base había solicitado al FROB 2.784 millones para satisfacer los requisitos de capital, lo que supone casi duplicar las necesidades de 1.447 millones identificadas por el Banco de España, debido a la elevada morosidad y exposición inmobiliaria que padece la CAM.
Las entidades han podido dar marcha atrás a su fusión porque aún no habían entrado en vigor la mutualización de los beneficios y las garantías recíprocas de las entidades que lo integran, y no deseaban emprender un negocio abocado a la nacionalización.
En concreto, la nueva solicitud de fondos públicos elevaba el recurso global de dinero público hasta 4.231 millones de euros, cifra que convertiría al Estado en el mayor y principal accionista del SIP en función del valor contable del grupo.
Las cajas de ahorros de Banco Base no son proclives a integrarse en un proyecto que resultaría capitaneado por el Estado desde su nacimiento, indicaron las fuentes consultadas.
Mientras, la CAM ha mantenido contactos en los últimos días con otras entidades de cara a otro intento de integración, entre las que figuran Banco Mare Nostrum, Santander, BBVA, Popular y La Caixa, mientras el Banco de España y la Confederación Española de Cajas de Ahorros mediaban para evitar la ruptura.
LOS APUNTES
La CAM estudia medidas legales contra los socios. Caja del Mediterráneo ha comenzado a asesorarse sobre las consecuencias jurídicas del rechazo de Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria de no continuar en Banco Base y avanzó ayer que efectuará "todas las reclamaciones que procedan".
CCOO pide que se aparte a gestores de la CAM. CCOO pidió ayer al Banco de España que intervenga para "separar" a los gestores de la CAM si se confirma que han ocultado información sobre la entidad.
Camps arremete contra el Banco de España. El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, aseguró ayer que el supervisor "tendría que salir a dar la cara y decir exactamente qué ha hecho, por qué lo ha hecho y qué pretende hacer con el futuro de las cajas" e incidió en que con las entidades financieras "no se puede hacer política".
