El modelo de farmacia andaluz, surgido tras la aprobación en diciembre de 2008 de la Ley de Farmacia autonómica y que se basa en la planificación del sector por parte la administración pública, ha recibido un buen espaldarazo de la UE: una sentencia del Tribunal de Luxemburgo ha resuelto a favor de la regulación pública del sector en casos de interés general como la salud pública.
El Tribunal europeo se refiere a dos denuncias de empresas en Alemania e Italia. Las firmas habían llevado a Luxemburgo que ambos Estados cometían injerencias en el libre mercado al regular el modelo farmacéutico, entre otras cosas, al fijar, como ocurre en el modelo español, que tanto los titulares como los propietarios de las farmacias deben ser farmacéuticos.
Si bien las sentencias no tocan explícitamente los concursos públicos de farmacia (la fórmula más polémica de la legislación andaluza), sí concluyen que "las restricciones a la libertad de establecimiento y a la libre circulación de capitales sin discriminación por razón de nacionalidad pueden estar justificadas por razones imperiosas de interés general". Y añaden que "la protección de la salud pública figura entre las razones imperiosas de interés general que pueden justificar [esas] restricciones".
El PP basó su recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Farmacia de Andalucía precisamente en que, al recaer en la Junta la potestad de ordenación y ubicación de las boticas así como que las nuevas oficinas se adjudicarían en concurso público, el Gobierno autonómico "limita el principio constitucional de libertad de empresa". Así que la UE ha podido dejar al PP sin argumentos.
El Constitucional suele tardar unos dos años en tratar un caso. El Alto Tribunal admitió a trámite el recurso del PP en febrero de 2008, de modo que a primeros de años estudiará el caso andaluz.
La Junta prevé convocar en el último trimestre del año el concurso público para la adjudicación de las 310 nuevas oficinas que se crearán con la aplicación de la ley andaluza. Si el Constitucional fallara en contra de la norma, Salud se vería obligada a rectificar la ley una vez se hayan adjudicado oficinas, lo que metería al sector en un embrollo legal de difícil solución a corto plazo. Pero las sentencias de la UE han podido allanarle el camino a la Junta.
