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El pacto EA-Batasuna devuelve el terrorismo a la pugna política

PSOE y PP se enfrentan después de que Eguiguren pida legalizar a los ‘abertzales'.

el 21 jun 2010 / 20:08 h.

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El ex presidente de Eusko Alkartasuna y ex lehendakari, Carlos Garaikoetxea (c), en el acto de EA y Batasuna.

El terrorismo ha vuelto a ser protagonista de la actualidad política del país y punto de crítica y desencuentro entre PSOE y PP. Después de que el presidente de los socialistas vascos, Jesús Eguiguren, sugiriera la posibilidad de legalizar a Batasuna (actualmente ilegalizada por su vinculación con ETA) y que el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmara que el líder del PSE estaba "completamente equivocado", el PP aprovechó rápidamente para cargar contra los socialistas por mostrar públicamente sus discrepancias en torno a la lucha contra el terrorismo.

Así, y después de que la secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, exigiera la dimisión de Eguiguren; ayer su colega del PSOE, Leire Pajín, aseguró que no permitirá "ninguna lección" por parte del PP a los socialistas vascos, y aclaró que su partido "no tiene previsto" sancionar a Eguiguren por sus declaraciones. Éste, no obstante, quiso aclarar ayer que él nunca ha dicho que se negocie con ETA ni que se legalice a Batasuna, y sí destacó que su deseo es que la organización terrorista "pare y desaparezca" y que Batasuna, "si lo que dice es verdad, vaya al registro y se apunte como partido respetando las exigencias legales".

Mientras, Leire Pajín recordó que los socialistas vascos "llevan muchos años luchando por la libertad, contra el terrorismo y por la democracia en este país", además de "jugándose la vida" y "con un escolta desde que salen de su casa".
Esta polvareda política surge después de que Eusko Alkartasuna (EA) suscribiera el pasado domingo un acuerdo de colaboración con la ilegalizada Batasuna en el que se fijaron como objetivo la creación de un Estado vasco independiente, y afirmaran que su prioridad es "la superación del conflicto político y la desaparición de todo tipo de violencias".Todo ello sin citar a la banda terrorista ETA, lo que también provocó ayer las críticas del vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons. Éste, advirtió ayer a EA que Batasuna y ETA "contaminan cualquier lista a la que se acerquen por limpia que esté", y recalcó que pedirán la ilegalización de cualquier formación que acepte ser el "representante" de la banda terrorista en las elecciones municipales.

González Pons también emplazó a los socialistas a aclararse porque tienen "en este momento dos políticas y una profunda contradicción interna". "Por responsabilidad no vamos a profundizar en esa herida, le hemos pedido que se aclare y que diga a qué carta tenemos que quedarnos", afirmó, en referencia a los mensajes contradictorios lanzados por Rubalcaba y Eguiguren.

El dirigente popular subrayó que Batasuna y ETA "bajo ningún concepto pueden presentarse a las próximas elecciones municipales en el País Vasco". Al menos, en el mismo sentido sí se expresó ayer el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, quién también recordó ayer a EA que la ley puede excluir de los procesos electorales a las formaciones que no apoyan la democracia ni están dentro de ella.

Asimismo, aseguró que el Gobierno "sigue trabajando, como lo ha hecho hasta ahora" en la lucha contra la banda terrorista ETA y cree que "la lucha contra los terroristas está siendo eficaz", por lo que se está avanzando "en la buena dirección", en la que el Ejecutivo "va a mantenerse". Sobre la izquierda abertzale, Caamaño aclaró que tiene "que ir dando pasos" para que todos los españoles puedan "verificar, más allá de toda duda, que esa decisión es cierta".

Ley de víctimas. Y todo esto ocurre justo cuando PSOE y el PP se encuentran "a un paso" de alcanzar un acuerdo global sobre la nueva Ley Integral de Víctimas del Terrorismo que aunará en una sola norma toda la normativa de atención a las víctimas y las reivindicaciones de los colectivos afectados, confirmaron a Efe fuentes parlamentarias.


La norma, pendiente desde la anterior legislatura, pretende solventar algunas de las "lagunas" detectadas en la vigente ley de 1999 y acabar con los agravios comparativos entre unas y otras víctimas, que han podido recibir indemnizaciones económicas muy dispares. A petición de asociaciones de víctimas, como la AVT, la ley contempla además una protección global para este colectivo, que va desde la atención psicológica ante las secuelas de un atentado, a la inserción laboral y el acceso al empleo.

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