El Parlamento de Andalucía se queda a la cola en la puntuación sobre transparencia elaborada por la organización Transparencia Internacional. Entre las Cámaras españolas que menos facilidades ofrecen al ciudadano para acceder a su información se sitúan Murcia, Canarias y Baleares. Llegan al aprobado, Madrid y Valencia. Andalucía se sitúa en el número 14 de las 19 comunidades y ciudades autónomas. Su puntuación es 55,7, por debajo de la media (64,1) y muy lejos de los parlamentos de Cantabria (98,8) o Navarra (87,2) que vencen por goleada en los indicadores analizados.
El informe de Transparencia Internacional pone su lupa en seis áreas. Andalucía obtiene buenos resultados en la información que ofrece sobre el Parlamento (60), sus diputados o las leyes que aprueba y trabaja. En concreto, obtiene mejor puntuación en lo que se refiere a la información sobre el funcionamiento y la actividad parlamentaria (88,9). Los peores resultados se sitúan en las relaciones con los ciudadanos (55,6). Se valoran aspectos como la presencia del Parlamento andaluz en las redes sociales, las facilidades que se dan a los ciudadanos para resolver trámites parlamentarios por internet y telemáticamente o si hay datos a la sociedad sobre auditorías internas y de funcionamiento de la Cámara.
La nota recibida en el apartado de transparencia económico-financiera tampoco es demasiado positiva. Se queda igualmente en el aprobado (55,6). En este área, Transparencia Internacional ha examinado si se publican los gastos presupuestados por los distintos grupos parlamentarios, si existe una oficina presupuestaria que publique y controle la información de la Cámara, si se ofrece información al ciudadano sobre las dietas cobradas por los parlamentarios o la lista de los principales proveedores y las grandes compras que hace el Parlamento. En ninguno de estos aspectos aprueba Andalucía.
La peor calificación para las Cinco Llagas figura en el apartado de las contrataciones de servicios. Andalucía obtiene un 16,7 frente al 100 de Cantabria o el 83,3 de Aragón. Se analiza si se informa de la composición y las convocatorias de las mesas de contratación, si se publican sus actas, datos sobre informes externos y asesorías contratadas por el Parlamento o datos sobre las obras que se realizan y las empresas que las realizan. La Cámara andaluza no ofrece información sobre ninguno de estos aspectos.
En cuanto al análisis con la nueva ley de transparencia en la mano y las obligaciones que la norma estatal impone, Andalucía se queda en el 41,7, por lo que tendrá que hacer muchos cambios para cumplir con la nueva legislación. También el Parlamento andaluz acaba de empezar a tramitar una ley de transparencia autonómica que, en el mismo sentido de la estatal, marca un plazo de 20 días para que cualquier institución u organismo que reciba fondos públicos ofrezca la información requerida por el ciudadano, con posibilidad de multas económicas e inhabilitación si se vulnera esa exigencia.
El Senado y el Congreso también han sido analizados, obteniendo un notable (83,8) y un aprobado (65) respectivamente. Durante la presentación del informe de Transparencia Internacional, su presidente, el catedrático Jesús Lizcano, destacó la actitud de «colaboración» que han mostrado en general las cámaras y el «importante incremento» de su transparencia a lo largo del periodo de evaluación, ya que partían de un «escaso nivel informativo». Se mostró convencido de que «no hay voluntad de ocultación».
En esta legislatura, el presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia, ha defendido la necesidad de avanzar en medidas de transparencia para los ciudadanos. A través de la web se puede acceder a las declaraciones de actividades, bienes e intereses de los diputados y a sus retribuciones. No así a las dietas, por ejemplo, o las cesantías. El Parlamento tuvo que dar marcha atrás en mayo del año pasado tras intentar, en secreto, subir las asignaciones económicas de los diputados por un acuerdo de todos los grupos políticos.
