La juez Mercedes Alaya.
El Parlamento no conocía el fraude de los ERE. Esa es a la conclusión a la que llega la Intervención General del Estado tras analizar la «críptica, imprecisa, generalista y a menudo equívoca» documentación que manejaba la Comisión de Economía y Hacienda. Los peritos han analizado los diarios de las sesiones y diversos documentos por orden de la jueza Mercedes Alaya, que en marzo amplió la investigación para conocer el papel que pudo jugar el Parlamento en la supuesta trama. Ahora, y tras recibir este informe, la magistrada reclama al Parlamento que le remita todas las enmiendas presentadas entre 2002 y 2009 por los grupos políticos a la partida con la que se financió los ERE.
A principios de marzo, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 inició una nueva y controvertida línea de investigación que iba a encaminada a determinar el papel que pudo jugar el Parlamento en este fraude, aceptando así la petición planteada por uno de los abogados defensores. Ni tres meses después y tras haber analizado los diarios de las sesiones de la Comisión de Economía y Hacienda, la Intervención General del Estado afirma que «no se obtiene evidencia de la existencia de irregularidades en la presupuestación o, en su caso, la tramitación de las subvenciones sociolaborales correspondientes al programa 31 L» (la partida de los ERE). «No podemos concluir que la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Andalucía pudiera tener conocimiento de la existencia de irregularidades», añade.
Si la Intervención llega a esta conclusión es porque «en la documentación examinada se aprecia la utilización de una terminología, críptica, imprecisa, generalista y a menudo equívoca». Para los peritos las expresiones utilizadas producen «una indeterminación acerca de quién pudiera ser el órgano otorgante o concedente de las subvenciones sociolaborales, lo que impediría conocer, tanto la inadecuada presupuestación realizada por la Consejería de Empleo e IFA-IDEA, como las irregularidades que se estaban produciendo en la concesión de subvenciones al margen del control de la Intervención General de la Junta de Andalucía».
Para que la comisión hubiera tenido conocimiento de todas las irregularidades investigadas tendría que haber conocido una serie de «hechos objetivos», que no fueron expuestos. Así, los miembros de la comisión desconocían que IFA-IDEA «elaboraba incorrectamente su presupuesto de ingresos incluyendo en el mismo unos ingresos procedentes del programa 31L que no eran tales (solo cobros), ya que su destino no era el de cubrir las pérdidas derivadas de su propia actividad, sino el de pagar subvenciones concedidas por la Consejería de Empleo al margen de todo procedimiento legal y del preceptivo control». Tampoco sabían que «se estaban utilizando inadecuadamente por la Consejería de Empleo las transferencias de financiación para fines distintos de los legalmente previstos. Según establece la ley, su única finalidad debiera ser la de cubrir las pérdidas de IFA-IDEA, las cuales no se ocasionaban por este programa 31L».
Por último, la comisión era ajena a que IFA-IDEA «incluía en su presupuesto unos gastos inexistentes que nunca se iban a producir, lo cual mantenía la apariencia de compensar aquellos ingresos que habían sido incluidos indebidamente en su presupuesto, procedentes de las transferencias de financiación». Esto «permitía la necesaria coincidencia en el presupuesto de las cifras entre Empleo e IFA».
Enmiendas. Por otro lado, la magistrada reclama al Parlamento en una auto que «a la mayor brevedad posible aporte acreditación mediante copia compulsada de todas las enmiendas formuladas en relación a las leyes de Presupuestos, programa 31L de la Consejería de Empleo, por los distintos grupos parlamentarios desde el 2002-2009», aceptando así la petición del abogado defensor, Juan Carlos Alférez, quien precisamente recurrió el auto en el que la instructora acordó indagar «qué pudo conocer» la Comisión de Economía y Hacienda, ya que Alaya sólo aceptó una de sus ocho peticiones de documentación.
Ahora, la magistrada ha aceptado varias de sus peticiones y también ha reclamado a la Cámara de Cuentas del Parlamento de Andalucía «una relación de la exacta de la documentación que año a año y durante el periodo investigado se remitía al Parlamento en relación con la aprobación de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma andaluza». La jueza también requiere «la misma y exacta documentación que año a año el Consejo de Gobierno le remitía concerniente al Proyecto de Ley de Presupuestos».
