-No es por desempleo porque trabajamos por cuenta propia, sino una prestación por cese de actividad condicionada a 48 meses de cotización y a un máximo de doce meses de prestación vía aumento de las cotizaciones. En principio no éramos partidarios de esta medida porque no supone una solución significativa para aquellas empresas que hayan tenido que dejar su actividad. Apostábamos más por que las administraciones nos dejasen, en vez de pagar más cuotas a la Seguridad Social, destinar ese importe a planes privados y que las cuotas desgravasen. Esto no se ha conseguido, seguiremos insistiendo, pero a nadie le amarga un dulce.
-¿Los actuales caballos de batalla son...?
-Tenemos una manada... Los problemas que son genéricos en la economía afectan mucho más a los empresarios autónomos. Entre el 85% y el 90% son personas unifamiliares, así que somos el primer o el último escalón, según se mire. Somos el último por ser el más vulnerable por tamaño, recursos, músculo financiero... Si las circunstancias económicas del país afectan a las grandes empresas, imagina cómo afectan a los autónomos. Cuando un autónomo deja de trabajar no sólo supone una pérdida de actividad, sino una pérdida añadida a través del endeudamiento con entidades financieras, que suele estar avalado por el núcleo familiar.
-¿Se han tomado medidas para paliar estos efectos?
-A pesar de las medidas tomadas, que son parciales, cortas e insuficientes aunque se tomen con buena voluntad, la efectividad ha sido nula porque en el último año se han perdido 13.000 autónomos netos en Andalucía. Se están tomando medidas orientadas a fomentar la incorporación de personas en situación de desempleo, pero qué pasa con el resto. Casi todas las ayudas van dirigidas a impulsar la nueva iniciativa ¿Las demás? Siguen muriendo empresarialmente. Se debería atacar en los dos frentes.
-¿La Administración es sensible a la problemática específica de los autónomos?
-Sí lo es. No hay que olvidar que es un colectivo de 500.000 personas en Andalucía, personas que votan cada cuatro años, que superan el 17% del PIB. Hemos conseguido que políticos e instituciones se sensibilicen, pero se toman medidas que no son eficaces porque no resuelven los problemas cruciales. Hay muchos ejemplos. Uno, el acceso al crédito, las previsiones son de endurecer más la financiación por las disposiciones del Banco de España [las mayores provisiones a la banca]. Por otro lado, es inadmisible que, con la está cayendo, haya empresas que cierren porque no consiguen cobrar los saldos de la Administración pública, además de que no se articulan medidas para compensar las deudas que un empresario tiene, por ejemplo, con un Ayuntamiento y la Seguridad Social, pues ahí deberían ponerse ellos de acuerdo. Otro punto es que cuando tenemos dificultades con la Seguridad Social o Hacienda pedimos un retraso, te piden o una primera hipoteca sobre inmueble o bancario, con lo que el patrimonio está en riesgo en su totalidad por ser persona física y el embargo es la contrapartida. Y es necesario reducir las cuotas a la Seguridad Social para competir.
-¿Comparte las medidas de ajuste del Gobierno?
-Son una imposición europea ya que no ha habido iniciativa propia. Pero son necesarias porque la confianza ha quedado mermada. Falta que los ajustes que venimos haciendo en los últimos dos años y medio se hagan en la función pública.
-¿Se queda entonces corto el plan de recortes?
-Son medidas necesarias, pero en una fase paralela a un adelgazamiento drástico de todas las administraciones. Con 5,5 millones de parados -con los que están haciendo cursos de formación-, que haya más de 3,5 millones de funcionarios, diecisiete administraciones autonómicas con duplicidades, no hay quien lo sostenga. Mi opinión personal es que si en Andalucía hubiera un 28% de paro real, nos estaríamos tirando los trastos a la cabeza. Hay una economía sumergida casi obligada -y mira que me cuesta trabajo decirlo porque hace una competencia desleal a quienes pagamos-. Hay que normalizarlo, es inadmisible.
