En los siete primeros meses de 2010 Lipasam ya ha rebasado los registros de los dos ejercicios anteriores. Se han realizado ya más actuaciones y se han destinado más horas de trabajo a retirar pintadas callejeras que en 2008 y 2009, pese a que la ordenanza que se elaboró para perseguir este tipo de acciones vandálicas lleva ya más de dos años en vigor. A la espera del cierre del ejercicio, estos datos tendrán un efecto económico: si se mantiene la tendencia el coste de la lucha contra este tipo de acciones vandálicas se disparará en 2010 y rebasarán los 220.000 euros del ejercicio pasado.
Según los datos facilitados por Lipasam, los ocho equipos de limpieza de fachadas que prestan servicio de siete de la mañana a dos de la tarde han alcanzado ya este año los mismos registros que en los doce meses de 2009 y 2008. Concretamente, se ha actuado en 1.195 ocasiones y se han requerido 8.365 horas de trabajo para retirar pintadas y grafitis de las fachadas. Durante estos diez meses, se han retirado 7.260 pintadas callejeras repartidas en 9.116 edificios con una superficie media afectada de 13 metros cuadrados. En los doce meses de 2008 se retiraron 8.999 pintadas mientras que en 2009 la cifra cayó a 6.377, aunque en realidad se tuvieron que realizar más actuaciones.
Ya la asociación de comerciantes Aprocom y el PP denunciaron el pasado miércoles un repunte de los grafitis en la ciudad, especialmente en el casco histórico, una situación de la que responsabilizaron al Gobierno local tanto por una supuesta ineficacia de las multas debido a que los infractores se declaraban insolventes como por el incumplimiento del compromiso de crear una unidad policial que se centrara en controlar el vandalismo. La oposición propuso para resolver esta situación la modificación de la ordenanza para incluir trabajos sociales en lugar de multas, que pudieran incluir la reparación del elemento del mobiliario o la fachada deteriorada.
El Gobierno local respondió ayer a través del delegado de Convivencia y Seguridad, Alfonso Mir, quien instó al PP a comprobar cómo en la ordenanza antivandálica ya se prevé la realización de trabajos sociales. Así lo recoge el artículo 37.2: "Cuando las personas infractoras sean menores, y con la finalidad de proteger sus derechos se podrán sustituir las sanciones pecuniarias por medidas correctoras, como asistencias a sesiones formativas, trabajos para la comunidad o cualquier otro tipo de actividad de carácter cívico". Mir hizo un llamamiento al PP y le pidió "responsabilidad" en sus planteamientos sobre las actuaciones vandálicas.
El delegado de Convivencia insistió en que fue el Gobierno de PSOE e IU el que puso en marcha la ordenanza antivandálica en el inicio del mandato y el que la aplica a través de la Policía Local.
